El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó a la defensora Iris Marín por “equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas”.
Un nuevo choque institucional se abrió en Colombia entre el Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo, esta vez por la manera en que se presentan públicamente los resultados de las operaciones contra grupos armados ilegales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a las críticas de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien había cuestionado el uso de imágenes y símbolos relacionados con personas muertas durante declaraciones oficiales. Para el jefe de la cartera política, la Defensoría cometió una “triste equivocación” al equiparar al Estado con las organizaciones criminales.
El ministro sostuvo que las Fuerzas Militares tienen el deber constitucional de combatir a quienes ejercen violencia contra la población y pidió a la Defensoría convertirse en una aliada más activa frente a fenómenos como el uso de drones, el reclutamiento de menores y el control territorial de grupos armados.
“Lamentamos, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde. El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país”, sostuvo.
Lara también lanzó una fuerte crítica a la política de ‘Paz Total’, asegurando que el Gobierno está poniendo fin a una estrategia que, en su concepto, dejó a comunidades enteras expuestas al poder de estructuras criminales. “Seguiremos haciendo cumplir la ley”, afirmó.
La defensora Iris Marín respondió agradeciendo el mensaje del ministro, pero mantuvo su llamado al Gobierno para revisar la forma en que comunica sus resultados operacionales. Al mismo tiempo, propuso avanzar en acciones conjuntas para atender las alertas tempranas y proteger a las comunidades en las zonas más afectadas.
Marín recordó que la Defensoría ha advertido sobre el uso de drones, el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la expansión territorial de grupos armados y organizaciones criminales. Según señaló, estas situaciones están documentadas en sus informes de derechos humanos y en las alertas tempranas emitidas por la entidad.
El origen de la controversia está en un pronunciamiento anterior de Marín, en el que advirtió que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”. La funcionaria insistió en que, aunque combatir militarmente a los grupos ilegales es un deber constitucional, esa actuación debe mantener como límite la dignidad humana.
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Ahora, pese al cruce de posiciones, ambas partes plantean la necesidad de trabajar juntas. El Gobierno reclama respaldo para combatir a las estructuras criminales, mientras la Defensoría insiste en que esa lucha debe desarrollarse sin perder los límites que distinguen la actuación del Estado frente a quienes ejercen la violencia.
