A pocos días de la jornada electoral, la denuncia podría remecer la carrera por la Presidencia de la República de Colombia.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda elevó el tono de la confrontación política y presentó una denuncia penal contra su contendor, Abelardo de la Espriella, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos del sistema de salud.
La acción judicial expone una serie de señalamientos que, según la campaña de Cepeda, estarían relacionados con contratos celebrados por Saludvida EPS cuando la entidad ya se encontraba bajo vigilancia especial del Estado.
De acuerdo con la denuncia, uno de los puntos centrales acción legal es un contrato que habría sido suscrito en noviembre de 2018 entre Saludvida EPS y la firma De la Espriella Lawyers para asumir la defensa jurídica de la entidad. Según los denunciantes, dichos recursos tendrían origen parafiscal y estarían destinados exclusivamente a garantizar la prestación de servicios de salud.
La denuncia también pone el foco sobre operaciones patrimoniales que, según el texto, habrían ocurrido durante la crisis de la EPS. Entre ellas se menciona el presunto traslado de 46 inmuebles, valorados en más de 164.000 millones de pesos, hacia una sociedad privada, así como posibles relaciones entre actores del sector salud y personas cercanas al entorno político del hoy aspirante presidencial.
Además, el documento hace referencia a presuntos vínculos empresariales y políticos que, según Cepeda, deberían ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes para establecer si existió algún uso indebido de recursos públicos o parafiscales.
Como parte de los argumentos jurídicos, la denuncia menciona posibles conductas que, eventualmente y de acuerdo con el avance de las investigaciones, podrían encuadrarse en delitos como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal y modalidades de peculado. No obstante, hasta el momento estas referencias corresponden exclusivamente a hipótesis planteadas dentro de la denuncia y no constituyen decisiones judiciales ni determinaciones de responsabilidad.
El nuevo episodio judicial se convierte en otro capítulo de una campaña presidencial marcada por la confrontación y los señalamientos cruzados. Mientras el equipo de Iván Cepeda insiste en que el país debe conocer el origen y destino de los recursos involucrados, queda ahora en manos de las autoridades determinar si los hechos denunciados tienen sustento suficiente para abrir o avanzar en actuaciones formales.
