Al reversar el Tribunal Supremo su decisión de retirar a Ednaldo de la presidencia de la Confederación Brasileña, nuevamente le fue reconocida “autonomía” a ese órgano futbolero.
Por: Iván Peña Ropaín.
Después de la incertidumbre naciente a finales del año pasado por si la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) iba a ser sancionada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), lo que impediría a su Selección y clubes participar en los torneos oficiales, esta terminó salvándose de una dura némesis que podría haber acarreado.
Tras la inspección que funcionarios de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adelantaron en ese país en las últimas horas, con el fin de verificar si el ente futbolero de esa nación sudamericana goza de “autonomía” en sus decisiones frente a las determinaciones gubernamentales y judiciales, se estableció transparencia en ese sentido.
“Estamos contentos y aliviados con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que restablece al presidente Ednaldo (Rodrigues)”, expresó Emilio García, responsable jurídico de la FIFA, luego de una primera reunión en la sede de la asociación brasileña, en Río de Janeiro.
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El lío que casi la sale caro a la CBF
El jueves de la semana pasada, un juez del STF había ordenado reponer a Rodrigues en enunciado cargo futbolero, en medio de amenazas de la FIFA de aplicar sanciones contra el fútbol de la tierra de la samba.
Ese tribunal lo había apartado, el pasado 7 de diciembre, frente a la anulación de las elecciones que lo llevaron al cargo en 2022. Ante ello, la FIFA y Conmebol pasaron entonces a llamarle la atención a la CBF, respecto a que no reconocían al designado presidente interino y amenazaron con excluir a la Canarinha de las competiciones internacionales.
A esa destitución de Ednaldo Rodrigues de la presidencia de la CBF por orden del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, la FIFA reaccionó recordando que tal medida es una contravención al reglamento de la entidad que coordina el fútbol a nivel mundial, puesto que este no permite la injerencia de los gobiernos nacionales en ese tipo de determinaciones administrativas.
