La posibilidad de que los señalados pisen cárceles nacionales es jurídicamente inviable debido a los candados constitucionales del Gobierno venezolano.
Por: Sergio García
El trágico desenlace de Yulixa Consuelo Toloza, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, ha dado un vuelco internacional y generado un limbo jurídico tras la captura de tres de los presuntos responsables en territorio venezolano.
El Servicio de Investigación Penal de Venezuela confirmó este martes en horas de la tarde el arresto de los administradores y propietarios del centro estético ilegal, quienes habían huido cruzando la frontera. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP-Guanare), del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa, lograron la detención de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, propietarios del centro estético donde fue intervenida quirúrgicamente Yulixa Consuelo Toloza.
La pareja, oriunda del municipio de Guanare, fue interceptada en la parroquia Quebrada de la Virgen mientras intentaban reingresar a territorio venezolano procedentes de Colombia. Según el reporte oficial, al momento de la captura, los sospechosos se trasladaban junto a sus dos hijos menores de edad y la madre de la detenida. Los individuos presentan orden de captura por múltiples delitos, incluyendo desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio, además de contar con una alerta azul de Interpol.
En las recientes horas, se confirmó una tercera captura en territorio venezolano por la muerte de la paciente en Colombia. Se trata de la aprehensión en Maracay de Eduardo David Ramos Carias, barbero de oficio y falso cirujano quien habría practicado la cirugía a Yulixa Toloza en una clínica de garaje en Bogotá.
Aunque la Fiscalía General de la Nación colombiana anunció de inmediato que elevará una solicitud formal de extradición amparada en el Tratado Bolivariano de 1911, expertos en derecho internacional y figuras del ámbito judicial anticipan un panorama sumamente complejo que podría congelar las intenciones de la justicia de nuestro país.
A propósito de esta gran duda jurídica, Angelica Monsalve Gaviria, exfiscal colombiana, expuso su argumento jurídico en la red social X: “Una mala noticia. Si los responsables de la muerte de Yulixa Tolosa son capturados en Venezuela, -al menos en derecho- no podrán ser extraditados a Colombia, debido a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe expresamente la extradición de sus nacionales”.
El artículo 69 de la Constitución venezolana, ubicado en el Capítulo IV sobre los Derechos Políticos, establece de manera categórica: “Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. No obstante, aunque Venezuela no extradite a sus ciudadanos, sí podría procesarlos y juzgarlos internamente por delitos cometidos en el extranjero, siempre que se cumplan las condiciones previstas en su legislación penal.
Si bien el tratado de 1911 es el marco invocado por Colombia, la exfiscal Monsalve, conocida por su manejo en complejos casos de administración pública y derecho penal, ha explicado que la soberanía de los Estados respecto a sus propios ciudadanos prima sobre los convenios de extradición antiguos. Por ende, la entrega directa de estos tres capturados a las celdas colombianas es jurídicamente improbable si el país requirente no logra activar mecanismos de expulsión migratoria discrecional.
Por ende, la probabilidad de que los capturados en el vecino país sean deportados o entregados a las autoridades colombianas choca de frente con un muro constitucional absoluto. De acuerdo con el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, la entrega de sus nacionales está categóricamente prohibida.
No obstante, que no sean enviados a Colombia no significa necesariamente que queden libres de culpa. El mismo artículo 6 del Código Penal de Venezuela contempla que cuando un nacional comete un delito grave en el extranjero y se refugia en su territorio, debe ser juzgado en suelo venezolano siempre y cuando el país donde ocurrió el crimen (en este caso, Colombia) interponga una demanda formal y remita todo el acervo probatorio recopilado por el Gaula y la Sijín.
Los delitos que afrontan la pareja y el barbero son desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de material probatorio, los cuales poseen el peso suficiente para activar este juicio extraterritorial, convirtiendo a los tribunales venezolanos en el escenario definitivo del litigio.
En conclusión, el optimismo inicial de la opinión pública colombiana ante las capturas en Maracay y Portuguesa debe moderarse con realismo jurídico. La posibilidad de que los señalados pisen cárceles nacionales para responder por la muerte de Yulixa Toloza es jurídicamente inviable debido a los candados constitucionales que el Gobierno de Caracas impone para proteger a sus nacionales de la justicia extranjera.
El verdadero reto para la Fiscalía de Colombia consistirá en realizar un prolijo traslado de evidencias y apostar por la cooperación judicial penal internacional, asegurando que el castigo por este presunto homicidio se ejecute con severidad, aunque la condena deba pagarse al otro lado de la frontera.
