El Pacto Histórico respalda a la Fiscalía para que continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional define la competencia.
En las últimas horas, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, presidida por Carlos Cuenca, decidió pedirle a la Fiscalía que remitiera la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.
La solicitud se fundamenta en el fuero que tuvo Uribe como expresidente y en la interpretación de que corresponde al Congreso investigar a determinados altos funcionarios por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
El problema está en que la Fiscalía no acepta que haya perdido automáticamente la competencia. El ente investigador respondió a la Cámara que considera que sigue siendo competente para adelantar la investigación. Por eso, ahora aparece un conflicto de competencias que tendría que resolver la Corte Constitucional. Mientras se define quién debe llevar el proceso, la Fiscalía sostiene que los términos judiciales continúan corriendo.
El punto que más ruido ha generado es que representantes del Pacto Histórico votaron a favor de que el caso pasara al Congreso, pese a que sectores de esa misma corriente política, incluido el senador Iván Cepeda, han defendido que investigaciones contra Uribe deben permanecer en la Fiscalía. Esa aparente contradicción abrió un fuerte debate dentro y fuera del Congreso.
No obstante, hace pocas horas el Pacto Histórico emitió un comunicado en el que manifiesta que no existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. Aseguraron que no promoverán impunidad ni dilaciones y jamás estarán del lado de los victimarios.
“Inicialmente consideramos razonable y jurídicamente pertinente clarificar la competencia de la autoridad encargada de adelantar la investigación. Sin embargo, ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”, dijo la colectividad política.
Quienes cuestionan la decisión consideran que un proceso de tanta trascendencia no debería quedar en manos de una instancia eminentemente política como la Comisión de Acusación, y temen que el cambio de escenario pueda terminar afectando la independencia o el ritmo de la investigación. En el otro lado, quienes respaldan la decisión sostienen que no se trata de favorecer a Uribe, sino de respetar el procedimiento constitucional aplicable a los expresidentes y a los funcionarios aforados.
¿Por qué es tan importante?
Este tema es de relevancia porque no estamos hablando solamente de quién guarda un expediente. Si el Congreso termina asumiendo la investigación, cambiaría el escenario institucional en el que se desarrolla el proceso. La Comisión de Acusación tiene funciones de investigación y acusación de altos funcionarios, pero su naturaleza y funcionamiento son diferentes a los de la Fiscalía.
Además, el caso involucra hechos de enorme gravedad ocurridos hace casi tres décadas. Por eso, la discusión tiene una pregunta de fondo: ¿debe prevalecer la condición de aforado que tuvo Uribe como expresidente o la competencia que la Fiscalía ya venía ejerciendo sobre los hechos investigados? La respuesta no la tiene todavía la Cámara ni la Fiscalía de manera definitiva; el eventual conflicto deberá ser resuelto por la Corte Constitucional.
