Conozca detalladamente el caso del escándalo por la pérdida de $70.000 millones entregados como anticipo a la U. T. Centros Poblados.
En la audiencia de imposición de medida de aseguramiento realizada el 24 de septiembre el juez 53 de garantías del circuito penal de Bogotá decidió enviar a la cárcel de manera preventiva a Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, implicados en el caso de corrupción de los $70.000 millones entregados por MinTIC como anticipo a la U. T. Centros Poblados.
La Fiscalía argumentó que Tapia debía ir a prisión preventiva para evitar que se vean afectadas las investigaciones, y que sobre Laverde y Duque debían aplicarse la misma decisión para que no siguieran siendo “instrumentalizados” con el fin de entorpecer los procesos. Los imputados deberán ser trasladados a ‘La Modelo’ de Bogotá.
El juez acogió los argumentos de la Fiscalía, e incluso, haciendo la salvedad de que seguían siendo hipótesis expresó frente a los hechos. “Si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente que nos trae la papa todos los días a la casa, ¿qué podríamos esperar si eso no les importó? A eso se refiere la Fiscalía”.
Con convencimiento, el juez agregó señalamientos que a muchos les causó asombro. “Las consecuencias es que ese dinero se perdió, se desapareció y a quién se lo entregaron, pues todos sabemos a quién se lo entregaron“.
Sobre Emilio Tapia expresó: “El diagnóstico para el señor Tapia es nefasto. todos los antecedentes que tiene disfrutando de beneficios, estando en domiciliaria y el libertad condicional y encima se enrola en este tipo siendo esta la defraudación más grande que este despacho ha conocido… Se observa que nuevamente está reincidiendo en las conductas punibles, claramente el diagnóstico futuro no puede ser el mejor”.
También, ordenó compulsar copias para investigar a las exfuncionarias del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual, quien avaló ese requisito jurídico basada en un documento falso entregado por los implicados, y Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general, quien suscribió el acto de adjudicación del proceso contractual.
Estos fueron los hechos en el escándalo del MinTIC
El 21 de septiembre se realizó la audiencia de imputación de cargos contra los tres capturados. La Fiscalía describió los hechos por los cuales se iniciaron las investigaciones en contra de Tapia y los demás señalados, resumidos en los siguientes ítems.
- El Fondo Único del MinTIC dio apertura a la licitación pública en agosto 2020 cuyo objeto era ejecutar el proyecto de centros digitales en la región que le fuera adjudicada a cada grupo para la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura en pro de la prestación del servicio de Internet.
- La Unión Temporal Centros Poblados, representada legalmente por Luis Fernando Duque, integrada por las empresas Intec de la Costa S. A. S., Novotic, Omega Buildings Constructora S. A. S. e ICM Ingenieros, cuya propuesta tenía adjunto, entre otros documentos, una garantía de seguridad de la oferta presuntamente expedida por el banco Itaú.
- El fondo del MinTIC adjudicó la región B a la U. T. Centros Poblados el 18 de diciembre por un valor superior a 1 billón de pesos. Para el 30 de diciembre de 2020 se suscribió acto de inicio del contrato, una vez se “verificó” que se cumplían los requisitos de perfeccionamiento expedidos presuntamente por la misma identidad.
- En la etapa de ejecución se inició por MinTIC una audiencia por un presunto incumplimiento donde se establece que el banco no había expedido ninguna de las garantías presentadas.
La Fiscalía indicó que Emilio Tapia y Juan José Laverde falsificaron el documento privado presentado como garantía bancaria, suscrito por Luis Fernando Duque y supuestos funcionarios del banco Itaú, documento falso que sirvió para cumplir con los requisitos jurídicos habilitantes que constituían garantía seriedad de la oferta de MinTIC.
La entidad también aseguró que Emilio fue la persona que presentó a Juan Carlos Cáceres, socio fundador de Novotic, que era la única empresa con experiencia en montar conexiones de Internet en zonas rurales, y buscó a las empresas Intel de la Costa, Omega Buildings e ICM Ingenieros para conformar la unión temporal, siendo él, presuntamente, quien manejaba dichas empresas a través de terceros y se comprometió a “garantizar” el valor del documento falso.
Cargos imputados
Fueron varios los documentos presentados como requisitos para el contrato, tales como la garantía bancaria Itaú 202011561001 que amparaba el anticipo por $70 mil millones, la garantía 202011561002 que amparaba el cumplimiento general del contrato y la garantía bancaria 2020116561003 que amparaba el pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones por más de 9 mil millones.
Al abogado y empresario Emilio Tapia, natural de Sahagún, Córdoba, le imputaron cargos como presunto coautor impropio penalmente responsable en modalidad dolosa de falsedad de documento privado y como coautor impropio en modalidad dolosa por fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, que responde al tenor normativo denominado fraude procesal, y aplica para el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a servidor público.
Según el art. 289 del Código Penal “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses“, y respecto al delito de fraude procesal, por inducir al error a servidor público, la condena sería de 6 a 12 años, multa de 200 S. M. M. L. V., e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas entre 5 y 8 años.
“En cuanto al fraude procesal ustedes señores Tapia y Laverde por medio de ese documento falso de octubre de 2020 y presentado en la licitación que corresponde a la garantía, indujeron en error a las servidoras públicas Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual, quien avaló ese requisito jurídico y a la señora Adriana Vanessa Meza consuegra, secretaria general, quien suscribe un acto administrativo como es el acto de adjudicación del proceso contractual”, señaló la Fiscalía.
A los demás capturados también les imputaron cargos por falsedad de documentos y fraude procesal, ofreciéndoles a todos la oportunidad de rebajar la pena si los aceptaban, pero no lo hicieron.
Informe: Laura Rocco
