El mandatario ordenó frenar la lista que solicitaba suspender las órdenes de captura contra varios integrantes del Clan del Golfo, incluidos varios extraditables como Chiquito Malo.
El presidente Gustavo Petro salió al paso de las controversias generadas alrededor del proceso de paz con el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y aclaró que no ha autorizado la suspensión de órdenes de extradición contra alias Chiquito Malo, uno de los principales cabecillas de esa estructura armada ilegal.
A través de un pronunciamiento, el mandatario también aseguró que aún no ha aprobado la lista definitiva de los primeros 400 combatientes que serían trasladados a una zona de concentración en el sur de Córdoba como parte del proceso de sometimiento a la justicia.
Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de debates y cuestionamientos sobre los alcances de las negociaciones y la solicitud que hizo el Gobierno de que se les suspendieran las órdenes de captura a 29 integrantes del grupo armado, entre ellos Chiquito Malo.
“El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente”, expresó Petro.
El mandatario insistió en que la política de paz debe desarrollarse bajo los parámetros establecidos en la Constitución y el Estado social de derecho, señalando que tanto el Estado como la sociedad tienen el deber de buscar la terminación de la violencia. “La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”, afirmó.
Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del EGC, organización también conocida como Clan del Golfo. Petro fue enfático en señalar que no existe ninguna suspensión vigente sobre las órdenes de extradición que pesan contra ese jefe criminal.
“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo”, manifestó el mandatario.
Asimismo, explicó que tampoco ha autorizado oficialmente la lista de combatientes que integrarían la primera fase del proceso de concentración y sometimiento en el sur de Córdoba. Según indicó, la Fiscalía General de la Nación ya cuenta con herramientas legales para avanzar en procesos de sometimiento a la justicia, pero aclaró que las decisiones relacionadas con extraditables deben cumplir requisitos específicos contemplados en la ley.
El presidente reveló además que la comisión de paz había elaborado una lista inicial de 29 integrantes del grupo armado, dentro de la cual aparecían personas solicitadas en extradición. Sin embargo, aseguró que esa determinación no fue consultada previamente con la Presidencia de la República.
“La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables. Estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente”, explicó.
Petro reiteró que desde el comienzo dejó claro que en las primeras fases del proceso no participarían integrantes con solicitudes de extradición activas. El mandatario también recordó que la legislación colombiana solo permite suspender órdenes de extradición cuando exista un proceso de paz suficientemente avanzado y con resultados verificables.
“Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición”, señaló.
En ese contexto, Petro confirmó que actualmente continúa una reunión de evaluación sobre la resolución expedida por la comisión de paz y que allí se definirá la lista completa de los 400 integrantes del EGC que eventualmente entrarían al proceso.
De acuerdo con sus declaraciones, esa nueva lista excluirá a personas requeridas en extradición. “Se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené”, indicó.
El presidente también dejó claro que el avance del proceso dependerá de resultados concretos por parte de la organización armada ilegal, especialmente en materia de desmantelamiento de economías ilícitas y respeto a la población civil.
Según explicó, solo el cumplimiento de esos compromisos permitiría que el Gobierno declare el proceso en una etapa avanzada que habilite nuevas decisiones jurídicas.
Las declaraciones del mandatario evidencian tensiones internas y discusiones alrededor de la estrategia de “paz total”, especialmente frente al manejo jurídico de estructuras criminales con fuertes vínculos al narcotráfico y solicitudes de extradición internacional.
