La decisión revoca el fallo de primera instancia que le devolvió la rectoría a Gette Ponce desde abril.
El pulso judicial por la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tuvo un nuevo giro luego de que el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocara la decisión de primera instancia que favorecía a Silvia Beatriz Gette Ponce. Con esta determinación, queda sin efecto la orden que buscaba restablecer sus derechos para regresar a la dirección de la institución de educación superior.
La decisión revocada había sido adoptada, en primera instancia, el pasado 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla. En ese momento, el despacho ordenó suspender los efectos de las decisiones consignadas en el acta número 827 del 20 de mayo de 2013 del Consejo Directivo, al considerar que estarían viciadas de ilegalidad por el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid como rector.
En esa primera determinación, el juzgado también dispuso el restablecimiento de los derechos de Gette, quien sostenía que había sido apartada de la rectoría de manera irregular mientras se encontraba en licencia para afrontar los procesos judiciales que enfrentaba. La medida pretendía reconocerla como rectora en propiedad y restituir las condiciones institucionales que existían antes de los cambios cuestionados.
Sin embargo, al revisar el caso en segunda instancia, el Juzgado Primero Penal de Conocimiento consideró que, aunque existen elementos para reconocer a Gette como víctima por su salida del cargo, esa circunstancia no podía analizarse de manera aislada. Para el juez, también era necesario tener en cuenta la autonomía universitaria y las modificaciones estatutarias que la institución adoptó posteriormente en ejercicio de esa facultad.
Uno de los argumentos centrales para revocar la medida fue que la decisión inicial habría excedido los límites de la proporcionalidad al desconocer los cambios introducidos en los estatutos de la universidad. Según el despacho, ordenar la restitución de los derechos en los términos planteados podía afectar la autonomía de la institución, reconocida por el Estado, y pasar por alto la evolución de sus normas internas.
Con la revocatoria, pierde vigencia la orden judicial que restableció a Gette como rectora en propiedad y recuperar la estructura de los órganos de dirección que regían en mayo de 2013, entre ellos la Sala General y el Consejo Directivo. La determinación se concentra en dejar sin efecto lo dispuesto en primera instancia, sin que ello signifique, por sí solo, una conclusión definitiva sobre todas las controversias judiciales relacionadas con la salida de Gette del cargo.
Ahora con este fallo de segunda instancia, todo se retrotraería a abril del 2026 y a la rectoría volvería a ser ocupada nuevamente por Jorge Senior y el Consejo Superior que lo integraba para ese momento.
