La joven aseguró que asumió con humildad las consecuencias de sus acciones fraudulentas.
Juliana Guerrero, una de las mujeres más cercanas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, no guardó silencio tras la condena de 36 meses (3 años) que profirió un juez contra ella por el delito de fraude procesal, relacionado con la falsificación de títulos universitarios para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes.
A través de una carta pública, la joven cesarense afirmó sentirse arrepentida por sus actuaciones y, aseguró que, todo este tiempo guardó silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Asimismo, reconoció su equivocación y pidió perdón al país por sus engaños.
“No estoy aquí para me justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Universidad San José; a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Estefany Camacho; y a su rectora, Romelia Ñuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución”, expresó en la misiva.
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Guerrero indicó que es consciente de sus hechos y de las responsabilidades que tiene que enfrentar. “Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país (…) Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”, añadió.
La sentencia también la inhabilita para ejercer derechos y funciones públicas durante dos años y medio. No obstante, según lo establecido en la providencia, el juez le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, que no irá a prisión.
Este embrollo, que había salido a la luz pública a través de investigaciones periodísticas, concluyó el miércoles 9 de septiembre, luego de que Guerrero firmara un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptaba que había falsificado su título de contadora pública en la Fundación Universitaria San José para poder ocupar el cargo de viceministra, ya que es uno de los requisitos exigidos para asumir un puesto en el Ejecutivo.
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