Son más de 20 familias que confían en ser reubicadas ante el inminente desalojo por parte del Distrito de Barranquilla.
Reina la incertidumbre sobre lo que va a suceder con 20 familias localizadas en un sector conocido como Manga del Arroyo, en el corregimiento de Juan Mina, quienes serán desalojadas en las próximas horas de sus hogares en atención a una orden judicial por la supuesta ocupación indebida de un bien fiscal del Distrito de Barranquilla.
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En la mañana de este miércoles 15 de mayo, se realizó una audiencia de verificación de cumplimiento de orden de Policía para llevar a cabo el desalojo de las 20 familias residentes de ese sector, quienes no salen de la angustia y no pueden ocultar su tristeza, incluso con llanto, al no saber lo que pasará con sus hogares en las próximas horas.
“Estoy llorando por el atropello que está cometiendo la alcaldía o cualquier otro contra nosotros, una comunidad de la Manga del Arroyo que hemos vivido aquí 30, 15, o 7 años, construyendo nuestras casas desde cero para que vengan de la nada y nos digan que nos van a desalojar, no se justifica. No dan ninguna garantía o solución, absolutamente nada”, expresó entre lágrimas Jessy Castro, una de las habitantes que serán desalojadas.
En ese sentido, Impacto News conoció a través de la abogada Aidee Nuñez, representante de los habitantes, que el argumento del Distrito es que estas familias están ocupando bienes fiscales, pero a cambio “no les ofrecen ningún tipo de solución”, teniendo en cuenta que llevan muchos años viviendo allí, calificando la situación como un “atropello”.
“Estas familias están en situación de vulnerabilidad, son de estrato uno y en condición de extrema pobreza. El Distrito pretende desalojarlos bajo el argumento de que están ocupando un bien fiscal, sin ofrecerles soluciones de vivienda, teniendo en cuenta que aquí hay muchas madres cabeza de hogar, niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad. Esto es un total atropello”, expresó la abogada.
Seguidamente y bajo el amparo jurídico, manifestó que el Distrito debería tener en cuenta el principio de confianza legítima del Estado, explicando que “estás personas tienen una ocupación ininterrumpida, pacífica, haciendo acto de señor y dueño por aproximadamente 30 años, incluso teniendo todos los servicios públicos instalados”.
Asimismo, criticó que los representantes del Ministerio Público, a través de la Personería, hicieron presencia en la diligencia, pero sin intervención alguna como garantes de los derechos de las personas afectadas, sino en calidad de acompañantes.
Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de las autoridades administrativas o judiciales, pero es inminente el desarrollo de la diligencia de desalojo, por lo que la incertidumbre y la angustia reinan entre los visiblemente afectados.
Informe: Alexander Ojito – El Ojo de la Calle
Redacción: Luis Ángel Terán
