Para el alto tribunal no se configuraron los presupuestos normativos y objetivos necesarios para que la Corte pudiera dirimir el conflicto. De este modo, la Fiscalía podrá continuar con las diligencias.
La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró este lunes inhibida para resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Con siete votos a favor y dos en contra, el alto tribunal decidió no pronunciarse de fondo, por lo que el expediente por los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, permanecerá en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se tomó en sesión extraordinaria. La ponencia, a cargo de la magistrada Paola Meneses, argumentó que no se configuraron los presupuestos normativos y objetivos necesarios para que la Corte pudiera dirimir el conflicto. En otras palabras, la solicitud no reunía las condiciones legales exigidas para un pronunciamiento de fondo. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo salvaron el voto.
El conflicto surgió meses atrás cuando la Comisión de Acusación de la Cámara reclamó el expediente. Argumentó que algunos de los hechos investigados podrían tener relación con el periodo presidencial de Uribe y, por tanto, activarían el fuero especial que le corresponde a los expresidentes. Enseguida, la Fiscalía rechazó el traslado y sostuvo que las conductas que motivan la investigación ocurrieron entre 1995 y 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, y no durante su mandato en la Casa de Nariño. Ante la disputa, el caso llegó a la Corte Constitucional.
La investigación formal se abrió en junio de 2026. La Fiscalía vinculó a Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Los hechos centrales son la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en el municipio de Ituango, donde paramilitares asesinaron a varios campesinos; la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997 en el mismo municipio, en la que murieron más de una docena de personas, y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998. El defensor de derechos humanos había denunciado públicamente la presencia paramilitar en la zona y la presunta omisión de las autoridades.
Uribe rindió indagatoria el 4 de septiembre de 2026. El expresidente ha mantenido su inocencia y ha rechazado cualquier vínculo con los grupos paramilitares. El expediente, que lleva más de dos décadas en distintas instancias, había pasado por la Corte Suprema cuando Uribe fue senador y regresó a la Fiscalía tras su renuncia a la curul.
Con la inhibición de la Corte Constitucional, el proceso vuelve a quedar plenamente en la órbita de la justicia ordinaria. La Fiscalía podrá continuar con las diligencias sin que se haya definido de manera definitiva si en algún momento debía trasladarse al Congreso. La decisión no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del expresidente ni sobre el fondo de las acusaciones; se limita a mantener el status quo procesal.
El caso sigue siendo uno de los más sensibles del panorama judicial colombiano. Las masacres de El Aro y La Granja forman parte de los episodios más graves de violencia paramilitar en el norte de Antioquia durante la segunda mitad de los años noventa, y el asesinato de Jesús María Valle fue declarado crimen de lesa humanidad.
