La decisión fue adoptada luego de que Fiscalía y el representante de víctima solicitaran que el procesado permaneciera privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario Juan Fernando Álvarez Torres, en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por el presunto delito de acto sexual violento contra una menor de edad.
“Juancho Kily”, como es conocido el empresario, fue capturado el pasado 20 de octubre en el sector de Villa Santos, en el norte de Barranquilla, mediante una orden judicial ejecutada por unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia, con acompañamiento del CTI de la Fiscalía. La captura se produjo a raíz de una investigación originada por la denuncia presentada por una adolescente, quien señaló al empresario por hechos que habrían ocurrido el 2 de octubre en la oficina de un establecimiento comercial ubicado en Puerto Colombia.
De acuerdo con la investigación expuesta por la Fiscalía, la adolescente habría sido conducida hasta la oficina del empresario, donde presuntamente se produjo una conversación de contenido sexual y se le habrían formulado preguntas de carácter íntimo que la hicieron sentir presionada e incómoda. La joven hizo inicialmente pública su denuncia a través de redes sociales y posteriormente el caso fue formalizado por su familia ante la Fiscalía General de la Nación. Estos señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser esclarecidos dentro del proceso judicial.
Durante la audiencia de imputación, Juan Fernando Álvarez Torres no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Posteriormente, el ente acusador solicitó que se le impusiera una medida de aseguramiento intramural, petición que fue respaldada por la Procuraduría y por el representante de víctimas. La defensa había solicitado tiempo adicional para estudiar el material probatorio y preparar su intervención, razón por la cual la audiencia fue aplazada antes de que finalmente se adoptara la decisión de enviarlo a prisión.
Con la determinación judicial, Álvarez Torres deberá permanecer recluido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla mientras continúa el proceso en su contra. La medida busca garantizar los fines del proceso penal durante la investigación, pero no constituye una declaración de culpabilidad. El empresario conserva su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras la justicia determina, con base en las pruebas que sean incorporadas al proceso, su eventual responsabilidad penal.
Mientras el proceso judicial continúa, la Fiscalía deberá avanzar en la recolección y valoración de los elementos materiales probatorios, y será la justicia la encargada de establecer si los hechos denunciados ocurrieron y la responsabilidad que eventualmente corresponda al procesado.
