“La mujer habría suscrito 20 contratos con dicho centro hospitalario, sin contar con título universitario como médica”: Fiscalía.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió en las últimas horas la judicialización de tres personas que estarían involucradas en irregularidades en la contratación de personal médico en un hospital de Soledad, Atlántico.
Se trata de los exgerentes Juan Esteban Sánchez Páez y Anselmo José Hoyos Franco, además del exjefe de talento humano del hospital, Fabián Enrique Colpas Orozco, quienes, según su nivel de responsabilidad individual, fueron imputados como presuntos responsables de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
“De acuerdo con la investigación, estas personas habrían permitido la contratación de Mayra Alejandra Zapata Gómez, quien habría suscrito 20 contratos con dicho centro hospitalario, sin contar con título universitario como médica. Los exfuncionarios, presuntamente, no verificaron si la mujer realmente era egresada de una universidad ubicada en Cartagena (Bolívar), ni la autenticidad de los documentos que acreditaban su experiencia”, señaló la Fiscalía.
Esta omisión habría generado fallas en la contratación y puesto en riesgo a los pacientes que fueron atendidos con ocasión al citado contrato. A pesar de no contar con el título, la mujer habría recibido salarios por más de 77 millones de pesos.
Mayra Alejandra Zapata Gómez fue capturada y judicializada en abril de 2024, por su presunta responsabilidad en falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales a título de interviniente y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no aceptó. En esa ocasión, fue procesada por haber trabajado durante varios periodos en la Clínica de la Policía.
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En su momento, en 2022, Juan Sánchez Páez presentó su renuncia al hospital, argumentando motivos personales: “Mi renuncia obedece exclusivamente a temas de índole personal y nada tiene que ver con versiones y conjeturas alrededor de la mismas”; deberán ser las autoridades competentes las que esclarezcan su responsabilidad y la de los otros exfuncionarios en los hechos.
