El valor de los contratos suscritos por la falsa profesional de la salud superó los 140 millones de pesos, según el ente acusador.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Mayra Alejandra Zapata Gómez, quien, al parecer, entre los años 2020 a 2023, ingresó y laboró con documentación falsa en la Clínica de la Policía del Atlántico.
Según el ente acusador, la procesada, de 38 años, habría suscrito alrededor de seis contratos por valor de 140 millones de pesos para laborar como médico general en la señalada institución ubicada en Barranquilla.
La Fiscalía le imputó a Zapata Gómez los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales a título de interviniente y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que la procesada no aceptó.
En consecuencia, a petición de la entidad acusadora un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de la procesada, quien fue capturada el pasado 23 de abril mediante una orden judicial en la ciudad de Cartagena.
La investigaciones determinaron que la falsa médica trabajó de manera consecutiva en la clínica de la Policía en Barranquilla por tres años consecutivos de manera normal, pero de un momento a otro desapareció cuando su presencia alertó a la Dirección de Sanidad de la Policía, ya que su nombre no aparecía en los registros de profesionales en salud graduados a nivel nacional.
No obstante, la falsedad y mentira de su profesionalismo salieron a la luz cuando se presentó un lío interno entre funcionarios de la Clínica de la Policía en Barranquilla al destaparse una serie de irregularidades en la contratación del personal médico de esa regional.
En ese punto, por orden de la Dirección de Sanidad de la Policía se presentó una comisión para verificar lo que estaba pasando y través de investigaciones se verificó la documentación de los contratos. Fue en ese momento en que la médico se convirtió en una “fantasma” del que nadie más supo y en el que se hizo oportuna la intervención de las autoridades competentes, quienes llevaron la situación hasta esta instancia definitiva.
Redacción: Luis Ángel Terán
