Los activos estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014.
La Fiscalía General de la Nación puso bajo medidas cautelares tres inmuebles avaluados en más de $3.664 millones, que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar. Los bienes estarían relacionados con la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.
La actuación fue adelantada con fines de extinción del derecho de dominio por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales. Según la Fiscalía, los investigadores recopilaron elementos que darían cuenta de un supuesto aporte de la multinacional brasileña a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.
De acuerdo con la investigación, Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este dinero, según el ente acusador, presuntamente no habría sido incluido en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales.
La Fiscalía sostiene además que, al tratarse de recursos provenientes de una empresa extranjera, el aporte constituiría una fuente de financiación prohibida para campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011. Los recursos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá, vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.
Las medidas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en Pensilvania, Caldas. Algunas de estas propiedades habrían pertenecido directamente a Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a personas de su círculo familiar.
Con estas medidas, la Fiscalía busca impedir que los inmuebles sean vendidos, transferidos o comercializados mientras avanza el proceso de extinción de dominio. La investigación continúa para determinar el alcance de los recursos que, presuntamente, habrían ingresado a la campaña presidencial de 2014 y las responsabilidades que puedan derivarse de esos hechos.
