En el pasado, el Gobierno estadounidense incluyó en la lista Clinton u OFAC al expresidente y a varias personas cercanas como su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti.
El expresidente Gustavo Petro afirmó este martes 29 de septiembre, desde Barranquilla, que la decisión de Estados Unidos de revocar visas a personas vinculadas al progresismo colombiano, entre ellas la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres, constituye una “persecución sistemática” contra un grupo político. Además, anunció que llevará el asunto ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Las declaraciones se producen tras el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”, de restringir visas a ciudadanos extranjeros y a sus familiares directos que, a su criterio, socavan gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico. En el caso colombiano, las medidas afectaron a la senadora del Pacto Histórico Martha Isabel Peralta y al empresario Euclides Torres, ambos cercanos al círculo del expresidente, así como a sus familias.
Petro cuestionó específicamente la revocatoria de la visa de la senadora Peralta y rechazó que se la presente como una amenaza para la democracia. Según sus palabras, se trata de una persecución sistemática contra el progresismo en Colombia y América Latina por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, tipificada, en su criterio, en el Estatuto de Roma, y por ello la denunciará ante la CPI.
“Es una persecución, eso está castigado en el Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad. Y se denomina así: la persecución sistemática de un grupo poblacional civil con identidad política, y esto es el progresismo en Colombia y en América Latina, está siendo perseguido sistemáticamente por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado. Y eso es y debe ser llevado a la Corte Penal Internacional, en la cual Estados Unidos no cree, porque siempre se ha reservado un derecho, entre comillas, a aniquilar y a perseguir poblaciones”, dijo el expresidente Petro en sus declaraciones.
La medida estadounidense se enmarca en una política más amplia que también ha alcanzado a funcionarios, jueces y empresarios en Bolivia, Ecuador y Perú.
Estados Unidos mantiene que las restricciones de visa son una facultad soberana discrecional del país, fundamentada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuando la entrada de una persona puede tener consecuencias adversas graves para su política exterior. La CPI, por su parte, tiene competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión), y Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma.
