En un cementerio de Pitalito adelantarán la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
Este 21 de septiembre, integrantes del último secretariado de las FARC, encabezados por Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), comenzaron a ejecutar la primera sanción propia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes relacionados con secuestros.
La actividad se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en el municipio de Pitalito, Huila. Allí, cinco de los siete sancionados: Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, participan en labores de apoyo físico a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas incluyen adecuación de terrenos, retiro de vegetación, excavación manual, tamizado y apoyo logístico a los equipos de antropología, en jornadas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., sin ejercer funciones forenses.
En un mensaje difundido este mismo día, Rodrigo Londoño se refirió al inicio del cumplimiento de las tareas ordenadas por la JEP. Recordó la firma del Acuerdo Final de 2016 y afirmó que las acciones se orientan hacia las víctimas:
“Sé que ninguna palabra puede borrar el dolor causado. A ellas, las víctimas, les reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y de reparación frente a lo que nos corresponde. Por eso vamos a cumplir las tareas establecidas en el cronograma establecido por la JEP. En un escenario complejo como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación. Hemos cumplido y seguimos cumpliendo a las víctimas. Una vez más estamos cumpliendo”, dijo el último jefe de las extintas FARC-EP en un video.
La JEP formalizó el pasado 18 de septiembre la ejecución de las sanciones propias, que van de 5 a 8 años y combinan trabajo restaurativo con restricciones a la libertad. Londoño y Pablo Catatumbo recibieron 8 años cada uno; Jaime Alberto Parra, 7 años, 10 meses y 2 días; Milton de Jesús Toncel, 7 años, 8 meses y 25 días; Pastor Alape, 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, 6 años; y Rodrigo Granda, 5 años. Los comparecientes deberán portar dispositivos de seguimiento electrónico, residir en los lugares donde se ejecuten las fases y no podrán salir del país, salvo autorización excepcional.
El proyecto en Pitalito responde a información de la UBPD sobre personas desaparecidas vinculadas al Caso 01 en el Huila, donde hay 27 víctimas acreditadas. Se trata de la primera de 79 acciones restaurativas previstas en diferentes regiones del país, que incluyen búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, obras de infraestructura y labores ambientales.
Algunas organizaciones de víctimas han expresado reparos sobre el alcance y la participación en el diseño de esta intervención. Paralelamente, Londoño ha defendido públicamente a la JEP ante propuestas de recortes presupuestales, calificándola como “el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano” y rechazando lo que considera una “muerte lenta por asfixia” de la institución.
Este inicio marca un momento clave en la justicia transicional colombiana con el paso de las condenas a acciones concretas de reparación y búsqueda de verdad, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.
#ATENCIÓN| El último secretariado de las Farc inició el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para La Paz (@JEP_Colombia) en el caso de secuestros. En un cementerio de Pitalito, Huila, adelantarán la búsqueda de personas desaparecidas en medio del… pic.twitter.com/UqNJtlxkkY
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 21, 2026
