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“Es un tema ambiental”: diputada Pulgar cita a debate por proyecto urbanístico Ciudad Mallorquín

“Puede terminar siendo un problema de salud pública y plantearemos que se suspenda el proyecto mientras se buscan soluciones”, indicó Isabella Pulgar.

La diputada Isabella Pulgar citó a un debate en la Asamblea del Atlántico para analizar las problemáticas de movilidad, ambiental, densidad poblacional, afectación a los ecosistemas, seguridad y desarrollo urbanístico desorganizado que genera la construcción del proyecto inmobiliario Ciudad Mallorquín, ubicado en jurisdicción de Puerto Colombia.

La plenaria de la corporación aprobó este jueves 13 de junio la proposición presentada por la diputada Liberal el pasado 17 de mayo, con el fin de conocer y escuchar de primera mano “las preocupaciones y perspectivas de la comunidad residente, autoridades administrativas, fuerza pública, tentativos afectos, terceros, veedores y demás, en relación con este proyecto urbanístico e inmobiliario”.

Proyecto Ciudad Mallorquín. Foto: Argos

Advirtió la asambleísta que el proyecto “Ciudad Mallorquín ha generado controversia y serias preocupaciones entre las poblaciones del Distrito de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia”.

Asimismo, anotó que este proyecto es “objeto de inconformidad entre la población local y las autoridades, quienes deben considerar cuidadosamente los posibles impactos ambientales, sociales, económicos de orden público que su indebida y armónica planeación pueden afectar ambas ciudades circunvecinas”.

La proposición aprobada por la Asamblea del Atlántico plantea la asistencia al debate de la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Roa Avendaño, y el viceministro de Agua y
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Aníbal Pérez García.

Las autoridades locales en el debate son el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el director del Área Metropolitana, Libardo García, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, el director de Barranquilla Verde, Sergio Ramírez, el gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila, el gerente de la Triple A, Ramón Emer y el gerente de Air-e, Ramiro Castilla.

Otros invitados al debate son el presidente de la Asociación comunal del Corregimiento La Playa de Barranquilla, el representante de Veeduría Ciudadana Río Magdalena y el representante de la Organización Mallorquín Vive, entre otras organizaciones y agremiaciones.

En la proposición presentada y aprobada por la Asamblea del Atlántico, la diputada Isabella Pulgar explicó los principales problemas del proyecto inmobiliario y urbanístico de Ciudad Mallorquín:

  • Tráfico vehicular y problemas de movilidad: Se teme que la ejecución del proyecto cause congestión vial y dificultades en la movilidad de la zona, lo que afectaría tanto a residentes como a visitantes, dado el aumento desmedido y sin planificación del aforo vehicular y peatonal, sin contar con un plan de contingencias vial y nuevas rutas de acceso y evacuación.
  • Densidad poblacional: Existe inquietud sobre el impacto que generaría el aumento de la población en la zona, sin que la infraestructura existente este preparada para tal densidad poblacional, situación que afectaría la calidad de vida de los habitantes actuales.
  • Contaminación ambiental: Se ha planteado la preocupación por el posible aumento de la contaminación ambiental como resultado del desarrollo urbano, lo que podría afectar la salud de la población y el medio ambiente en general.
  • Afectación de ecosistemas acuáticos y deforestación: Se teme que la ejecución del proyecto tenga consecuencias negativas para los ecosistemas acuáticos de la región, así como para la vegetación local, lo que podría tener un impacto significativo en la biodiversidad y en la integridad ecosistémica de la Ciénaga de Mallorquín, un “Humedal Ramsar” que goza de especial protección en razón a la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional que fue adoptada en 1971 y tiene por objetivo promover acciones nacionales y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular.
  • Seguridad: Dependiendo de la zona y el contexto, la seguridad puede ser un problema en términos de robos, vandalismo u otros delitos, dado que la medida de miembro de fuerza pública por población sería desproporcionada.
  • Desarrollo urbano desorganizado: La falta de una planificación urbana adecuada puede llevar a un crecimiento desordenado, congestionamiento y falta de espacios verdes para disfrutar y gozar del espacio público.

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