Los elementos materiales presentados por la Fiscalía permitieron inferir, razonablemente, que la servidora judicial le habría quitado la vida a su compañero sentimental, quien era funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla.
Tras 37 días de tensión jurídica y maniobras de la defensa, un juez tomó medidas en el crimen que sacudió a la Rama Judicial en Barranquilla. El caso involucró a una servidora del ente investigador como presunta responsable de la muerte de su pareja, quien era funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla.
El Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla impuso medida de aseguramiento domiciliaria con brazalete electrónico a Chirley Mildred Hernández Rojas, investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación.
La funcionaria es señalada por la Fiscalía como presunta autora del homicidio de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, ocurrido el pasado 21 de marzo al interior de un apartamento en el conjunto residencial Catedral Plaza, ubicado en el barrio Boston, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.
En un inicio, la defensa sostuvo la tesis de un suicidio, versión que fue desvirtuada por el ente acusador con material probatorio contundente. Las pruebas balísticas, el examen de necropsia y el hallazgo de heridas de carácter defensivo en el cuerpo de la víctima fueron determinantes para descartar esa hipótesis.
De acuerdo con la investigación, el dictamen forense y la trayectoria del disparo no coinciden con una autolesión, sino con un ataque perpetrado por un tercero. Estos elementos fueron claves para que el juez avalara la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.
El día de los hechos, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego. La procesada manifestó que en ese momento se encontraba en otra habitación de la residencia cuando escuchó varias detonaciones y que, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima, la halló sin signos vitales. En la escena fueron ubicadas un arma de fuego y cinco vainillas.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La procesada no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectada con medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
La decisión se produjo 37 días después de su captura, luego de resolverse una acción de tutela interpuesta por su defensa que había dilatado el proceso. Hernández Rojas permanecerá privada de la libertad en su domicilio mientras avanza el juicio por el delito de homicidio agravado.
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