Los recursos ilegales pertenecerían a la estructura criminal conocida como “Comandos de Frontera” de las disidencias de las FARC, y fueron destinados a la compra de ambulancias e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la policía Nacional, puso al descubierto una maniobra ilícita para legalizar recursos provenientes de actividades narcotraficantes. Según las investigaciones de las autoridades, los dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína desde zona fronteriza con Ecuador por parte de ‘La Constru’, estructura autodenominada actualmente ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las FARC, habrían sido invertidos en el sector salud para ocultar su verdadero origen.
De esta manera, al parecer, fueron creadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), adquirieron ambulancias y otros bienes para constituir una estructura que brindara servicios médicos a poblaciones de Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.
Los elementos materiales probatorios indican que Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, señalado cabecilla de Comandos Frontera, inicialmente compró 24 vehículos, entre ambulancias y un carro de gama alta; una droguería y ocho sociedades comerciales. En su momento, las propiedades fueron puestas a nombre de un grupo de personas que se habría dedicado a sacarles provecho económico y mantenerlas en servicio.
Seis de los señalados titulares de los bienes fueron capturados y judicializados. Se trata de Edison Bernardo Rosero, Yésica Tatiana Rúales Castillo, Gloria Alicia Arteaga Angulo, Paola Andrea Solarte Rosero, Yuri Nathaly Rosero y Óscar Ortega Hernández.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, de acuerdo con su posible responsabilidad, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Por disposición del juez de control de garantías que dirigió las audiencias concentradas, Bernardo Rosero, Solarte Rosero, Nathaly Rosero y Ortega Hernández recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Yesica Tatiana Rúales Castillo y Gloria Alicia Arteaga Ángulo deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio hizo una verificación sobre el origen y la trazabilidad de cada propiedad dispuesta por Comando Frontera para blanquear el dinero.
El rastreo permitió identificar 32 bienes, representados en ambulancias, IPS, automóviles de alta gama y establecimientos de comercio registrados a nombre de los hoy procesados. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes, avaluados preliminarmente en 6.414 millones de pesos.
*Con información de la Fiscalía General de la Nación
