Ya son 63 las personas privadas de la libertad que estaban en la capital del Atlántico y fueron enviados a prisiones de mayor seguridad en el país.
La ofensiva para recuperar el control de las cárceles de Barranquilla continúa. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 reclusos más hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en distintas regiones del país, como parte de las medidas para frenar el accionar de estructuras criminales desde los centros de reclusión.
El mandatario aseguró que la operación fue ejecutada por las autoridades penitenciarias con el respaldo de la fuerza pública y tiene como propósito proteger la seguridad y tranquilidad de Barranquilla. Los internos trasladados se suman a los 24 reclusos que fueron enviados a otras prisiones durante la última semana de agosto.
Con este nuevo movimiento, ya son 63 los privados de la libertad trasladados desde las cárceles de Barranquilla en las últimas semanas, en una estrategia que busca golpear las redes de comunicación y coordinación de organizaciones delincuenciales que, según las autoridades, continúan operando pese a que algunos de sus integrantes están tras las rejas.
“No voy a permitir que las estructuras criminales pretendan seguir delinquiendo, extorsionando o impartiendo órdenes desde una celda”, afirmó el presidente, quien dejó claro que su Gobierno pretende impedir que los centros penitenciarios sean utilizados para mantener el control sobre actividades ilícitas en las calles.
La medida apunta especialmente a cortar canales de comunicación e intimidación, considerados fundamentales para que las organizaciones criminales puedan mantener su capacidad de operación. El Gobierno sostiene que estar privado de la libertad no puede convertirse en una condición que permita continuar dirigiendo estructuras delictivas.
“Quien está privado de la libertad está para cumplir su condena, no para dirigir organizaciones criminales”, enfatizó De la Espriella, al defender los traslados como parte de una política de mayor control penitenciario y de lucha contra el crimen organizado.
El presidente cerró su pronunciamiento con una advertencia contundente: “En Colombia, las cárceles no serán centros de operaciones del delito”. Con los 39 nuevos traslados, el Gobierno busca enviar un mensaje de autoridad y continuar debilitando las estructuras que, pese a tener integrantes recluidos, intentan mantener influencia y capacidad de intimidación desde las prisiones.
