Para el alto tribunal, el dispositivo contendría evidencias sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales en el Dapre del Gobierno nacional anterior.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la entrega e inspección forense del teléfono celular de Deicy Jiménez ante la Fiscalía General de la Nación. Según la decisión, el dispositivo contendría evidencias relacionadas con presuntos ofrecimientos de contratos estatales a cambio de favores sexuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en el gobierno de Gustavo Petro.
La medida se produce en el marco de las investigaciones por las denuncias de Jiménez, quien ha señalado la existencia de una red de contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro. La joven, que figuró como contratista en varias entidades públicas, incluido el propio Dapre, afirmó haber recibido vínculos laborales a cambio de encuentros de carácter sexual y describió un esquema que involucraría a decenas de mujeres.
Su declaración ante la Fiscalía, sin embargo, permanece suspendida. El abogado Felipe Caballero renunció a su representación por amenazas de seguridad. La defensa fue asumida por la abogada Dina Malo, pero hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para la diligencia.
Jiménez ya había ratificado sus señalamientos ante la Corte Suprema y se comprometió a entregar el celular como elemento de prueba. Las autoridades avanzan también en indicios de contratos suscritos con el Ministerio del Interior, el Senado y otras entidades, mientras la Procuraduría mantiene abiertas indagaciones disciplinarias por posibles irregularidades administrativas y de género.
Por otra parte, se supo que la Corte Suprema de Justicia también ordenó una inspección judicial a la Secretaría del Senado para obtener información de los contratos que tuvo Deicy Jiménez.
El caso, que estalló tras una entrevista de Jiménez a la revista Semana a finales de octubre, mantiene en vilo a los organismos de control. La inspección forense del teléfono se perfila como una pieza clave para establecer si existen elementos que soporten o desvirtúen las acusaciones sobre una presunta red de favores sexuales a cambio de contratos públicos.
