El alto tribunal abrió la investigación, pues hay indicios de que algunos de estos hechos se habrían presentado cuando Gustavo Petro era senador de la República, antes de ser presidente.
La Corte Suprema de Justicia citó a declarar como testigo a Deicy Jiménez para este jueves 29 de octubre, en el marco de las denuncias presentadas contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. La diligencia se enmarca en las investigaciones por la presunta instrumentalización de mujeres a cambio de contratos estatales durante el gobierno anterior.
Jiménez, quien ya había entregado su testimonio en una entrevista a la revista Semana, aseguró que formó parte de una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales y otros servicios. Según su relato, estos hechos se remontan incluso a la época en que Petro era senador y se habrían extendido durante su mandato presidencial.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que tiene competencia por tratarse de hechos ocurridos cuando Petro ejercía como congresista, admitió las denuncias y avanzó con la citación de Jiménez. El magistrado Javier Fonseca es el encargado de la investigación. La declaración se realizará a las 8:30 de la mañana y busca que las afirmaciones de la testigo pasen del ámbito mediático a un escenario judicial, donde deberán ser confrontadas y verificadas.
Registros públicos consultados por distintos medios confirman que Jiménez tuvo varios contratos con entidades del Estado, entre ellas el Congreso de la República durante la vicepresidencia de María José Pizarro, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El valor acumulado de estos vínculos supera los 100 millones de pesos.
El caso, conocido también como el de las “48” por la denuncia inicial del director del Dapre sobre una posible instrumentalización de decenas de mujeres, ha generado reacciones políticas y judiciales. Petro ha negado públicamente haber entregado contratos a cambio de favores sexuales, mientras que Pizarro ha expresado molestia por las acusaciones, aunque no ha detallado los motivos de la contratación de Jiménez en su unidad de trabajo legislativo.
La declaración de este jueves se convierte en un momento clave del proceso. De ella podrían surgir nuevos elementos de prueba o, por el contrario, se pondrán a prueba la solidez y la coherencia de las afirmaciones que han puesto en el centro del debate público la relación entre poder, contratos y supuestos abusos durante el gobierno anterior.
