Días atrás, el sindicato de la UNP habló de posible tráfico de influencias y costos mensuales que superaban los cientos de millones de pesos con los esquemas de estas dos personas cercanas al petrismo.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) dio un giro contundente en horas recientes tras ordenar el retiro de los esquemas de seguridad que habían sido asignados al activista Beto Coral y a Juliana Guerrero. La decisión, tomada bajo la nueva dirección de Didier Blanco, pone fin a dos de los casos más polémicos que dejó el Gobierno anterior y reabre el debate sobre quién merece realmente la protección del Estado con recursos públicos.
Beto Coral, el influencer y activista que regresó al país en julio tras ser deportado de Estados Unidos, había recibido un esquema exprés de dos escoltas y vehículos blindados apenas días después de aterrizar. Sindicatos de la propia UNP denunciaron entonces que no existía un estudio de riesgo formal y que el trámite se hizo por la vía de emergencia. Ahora esa medida se desmonta, en medio de cuestionamientos que nunca se apagaron del todo.
El caso de Juliana Guerrero es aún más espinoso. La joven, señalada por falsificación de títulos y presuntos actos de corrupción durante la administración Petro, mantuvo escoltas y un vehículo blindado pese a ya no ser funcionaria pública. Un audio filtrado en agosto reveló que intentó cambiar su condición a “activista política” o “líder de derechos humanos” para conservar e incluso reforzar la protección. El sindicato de la UNP habló de posible tráfico de influencias y costos mensuales que superaban los cientos de millones de pesos.
La decisión de la nueva cúpula de la entidad se enmarca en una revisión general de los esquemas otorgados en los últimos meses del gobierno saliente. Fuentes cercanas al proceso aseguran que se priorizarán los casos de líderes sociales, periodistas y personas con riesgo extraordinario real, y se eliminarán aquellos que carezcan de sustento técnico o que respondan a criterios políticos.
Guerrero y Coral gozan de 10 días para apelar la decisión y presentar un recurso de revisión frente a la determinación que tomó la entidad.
Para muchos, el retiro de estas dos protecciones es un mensaje claro de que se acabó la época en la que la UNP parecía funcionar como un privilegio selectivo. Otros, sin embargo, advierten que cualquier retiro debe estar respaldado por un nuevo estudio de riesgo para no dejar desprotegidas a personas que puedan enfrentar amenazas reales.
