La medida ha sido calificada en algunos sectores como una atadura a la fuerza pública, pero el Gobierno la defiende como un paso necesario para evitar excesos, muertes innecesarias y alinearse con estándares internacionales.
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional oficializaron la Resolución 01319 de 2026, que adopta el primer manual detallado sobre el empleo de armas de fuego por parte de los uniformados. Aunque las autoridades lo presentan como un avance en derechos humanos, la norma ya genera una fuerte controversia y duras críticas desde sectores que la consideran un riesgo para la seguridad ciudadana.
La norma, firmada el 15 de mayo, desarrolla el Decreto 1231 de 2024 sobre el Modelo para el Uso Diferenciado y Proporcional de la Fuerza. Su objetivo principal es regular de manera estricta cuándo y cómo los policías pueden emplear sus armas, priorizando siempre la protección de la vida y el respeto a los derechos humanos.
Principales disposiciones del manual:
- Uso como último recurso: el arma de fuego solo podrá emplearse ante una agresión letal (peligro inminente de muerte o lesiones graves) para el uniformado, terceros o para impedir un delito grave que amenace la vida.
- Queda prohibido disparar para controlar manifestaciones o reuniones públicas.
- No se podrán usar las armas de fuego policiales para proteger bienes materiales.
- Se prohíbe apuntar el arma si no existe una finalidad legal clara.
- Medidas de seguridad: obligación de identificación y advertencia verbal (salvo riesgo inminente), priorizar medios menos letales, atención médica inmediata a heridos, preservación de evidencia y reporte obligatorio al superior y al Comité correspondiente.
La resolución también enfatiza que ningún uniformado podrá alegar “obediencia debida” cuando el uso del arma sea manifiestamente ilícito.
“El principio central es claro: el arma de fuego es una medida extrema. Solo puede usarse ante agresión letal: una amenaza directa, actual e inminente contra la vida o la integridad del policía, de terceros o de la persona intervenida. También establece un límite democrático fundamental: las armas de fuego con munición letal no son un mecanismo para controlar manifestaciones y reuniones públicas pacíficas. Pero lo más importante no son solo las pautas de uso. Son los mecanismos de control: todo empleo de armas debe informarse, registrarse, reportarse al superior jerárquico y quedar sujeto a seguimiento institucional, disciplinario y de rendición de cuentas”, declaró en X la secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, Alexandra González.
Con esta medida, Colombia se alinea con estándares internacionales en materia de uso de la fuerza policial. Las autoridades destacaron que el manual busca generar mayor transparencia, reducir el riesgo de excesos y fortalecer la legitimidad institucional ante la ciudadanía.
La Resolución 01319 ya está en vigencia y será de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la Policía Nacional. Se espera que en los próximos días se realicen capacitaciones masivas para su correcta implementación.
Críticos advierten que estas limitaciones dejan a los policías en una posición de desventaja frente a delincuentes cada vez más violentos, armados con fusiles, granadas y actuando en bandas organizadas. “¿Ahora los policías tienen que esperar a que les disparen primero para poder defenderse?”, se preguntan uniformados y analistas consultados.
Voces de la oposición y sectores de seguridad han calificado la medida como “un manual para desarmar moralmente a la Policía”. Algunos congresistas y exdirectivos policiales sostienen que, en medio de la ola de criminalidad, extorsiones y “plan pistola” contra la fuerza pública, esta resolución genera temor jurídico entre los uniformados y puede aumentar las bajas policiales y la sensación de impunidad.
