El Ministerio Público también indagará minuciosamente la denuncia sobre el supuesto pago de hasta tres veces el valor comercial por otros artículos para la práctica del fútbol, como canilleras y petos.
Por: Iván Peña Ropaín.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios de la Alcaldía de Curumaní, en el departamento del Cesar, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de dotación deportiva valorado en 249 millones de pesos. La actuación del Ministerio Público se fundamenta en recientes denuncias sobre el supuesto pago de hasta tres veces el valor comercial de artículos básicos para la práctica deportiva.
El Ministerio Público comenzó la verificación de la información revelada por medios de comunicación de esa región del país, con el propósito de identificar a los servidores públicos que habrían participado en las etapas precontractual y de ejecución del contrato, así como establecer si sus actuaciones constituyen faltas disciplinarias relacionadas con el manejo del erario público.
La lupa del ente de control está puesta sobre un proceso de selección abreviada que fue adjudicado el pasado 6 de agosto a la empresa Suministros Payares. La primera denuncia fue formulada por el concejal cesarense Álex Oliveros, quien expuso las marcadas diferencias entre los precios pactados por la administración municipal y los valores comerciales de los productos.
Por ejemplo, según explicó el cabildante, la Alcaldía de Curumaní aprobó el pago de 200 pares de guayos a 246.000 pesos cada uno, “cuando referencias similares de fabricantes nacionales se cotizan en 71.100 pesos”, manifestó en una entrevista concedida a propósito de la supuesta anomalía.
También denunció que el municipio pagó 258.000 pesos por cada uno de los 100 balones de voleibol adquiridos, “aunque están cotizados en el mercado directo desde 67.548 pesos”; 228.000 pesos por cada uno de los 150 balones de fútbol número 5 y 202.500 pesos por cada uno de los 100 balones de futsal.
De acuerdo con el consolidado presentado por el concejal, únicamente en la compra de 500 balones y 200 pares de guayos, la administración municipal comprometió 160 millones de pesos, frente a un posible costo comercial estimado de $42,7 millones. “Esta transacción deja una diferencia superior a los 117 millones de pesos en apenas cinco referencias de productos”, se lee textualmente en una de las publicaciones del periódico El Pilón.
¡Alcaldía se defiende!
Sobre estas denuncias, que ya llevaron a que la propia Procuraduría General de la Nación pusiera la lupa sobre el caso, el secretario general de Curumaní, César Centeno Cadena, defendió la legalidad y la estructuración financiera del proyecto. Según publicó El Pilón, el funcionario argumentó que los precios establecidos responden a un estudio de mercado debidamente fundamentado y a las exigencias de calidad requeridas para las escuelas de formación deportiva.
Centeno Cadena justificó que los valores unitarios de la contratación pública no pueden equipararse con los de las compras comerciales directas que realiza un ciudadano. Según el supervisor del contrato, el contratista debe asumir cargas tributarias obligatorias, como estampillas, IVA y deducciones de ley, las cuales se suman directamente al precio final de los suministros entregados al municipio.
