Para la congresista, el uso de la fuerza pública en la protesta “es regresivo e inconstitucional”.
La senadora Jennifer Pedraza presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, que modifica el protocolo de actuación de la fuerza pública en las manifestaciones. La acción judicial coincide con la primera aplicación de la norma durante las movilizaciones nacionales convocadas para este miércoles 14 de octubre por sectores de la oposición y sindicatos.
Pedraza explicó que el decreto es regresivo e inconstitucional por varias razones. En primer lugar, sostiene que solo el Congreso, mediante una ley estatutaria, puede fijar los límites al derecho a la protesta, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución. Hacerlo por vía de decreto, argumenta, debilita la movilización ciudadana y la división de poderes.
En segundo lugar, la congresista criticó el proceso de expedición de la norma. El Decreto 003 de 2021, que se modifica, surgió de una orden de la Corte Suprema tras los excesos de la fuerza pública en 2019. Según Pedraza, el Gobierno actual lo alteró con una consulta de apenas siete días y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías.
El tercer eje de su cuestionamiento se centra en el cambio de enfoque respecto al diálogo. A su juicio, el nuevo decreto convierte la primacía del diálogo y la mediación en una simple “preferencia” de medios, lo que permite saltárselos e intervenir de manera individual contra quienes cometan actos de violencia, incluso cuando no se ha agotado el proceso de concertación. Además, abre la posibilidad de disolver protestas pacíficas por bloqueos de vías. “Esto es un retroceso”, afirmó la senadora.
El Decreto 1525 de 2026, firmado el martes 13 de octubre, establece que frente a actos de violencia la obligación de privilegiar el diálogo no condiciona ni pospone las intervenciones dirigidas contra quienes ejecuten hechos violentos. También define criterios para actuar ante el porte de armas, agresiones, destrucción de infraestructura o bloqueos graves y prolongados. El Gobierno nacional ha señalado que la medida busca garantizar la protesta pacífica mientras evita el vandalismo y los bloqueos que afectan a la ciudadanía.
La norma se estrena precisamente en las marchas de este 14 de octubre, convocadas por la oposición y centrales sindicales como la CUT. Mientras el Ejecutivo defiende que el decreto protege tanto a los manifestantes pacíficos como al resto de la población, la demanda de Pedraza plantea un debate de fondo sobre los límites constitucionales de la regulación de la protesta social y el rol del Congreso en esa materia. El Consejo de Estado deberá decidir si admite la acción y se pronuncia sobre la legalidad de la norma.
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#POLÍTICA | La senadora Jennifer Pedraza explicó las razones de su demanda al nuevo decreto del Gobierno sobre la protesta social. Cuestionó que el tema no se haya manejado por el Congreso, que no se haya concertado y que se elimine la primacía del diálogo. Vía: @davidortegaso https://t.co/woHMRjVE2M
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026
