Los cabildantes piden revisar actas, grabaciones y documentos relacionados con decisiones tomadas durante las sesiones extraordinarias.
Una nueva controversia sacude al Concejo Municipal de Ciénaga, Magdalena, luego de que ocho concejales suscribieran un comunicado dirigido a la ciudadanía para expresar sus preocupaciones frente a varias actuaciones ocurridas durante las sesiones extraordinarias de la corporación. Los cabildantes aseguran que su posición busca defender el cumplimiento de las normas y los procedimientos institucionales.
Los concejales señalaron que sus cuestionamientos no obedecen a diferencias personales con el presidente del Concejo, Rodrigo Auque Diazgranados, ni pretenden desconocer las decisiones adoptadas por las mayorías. Según el documento, su principal preocupación está relacionada con que las decisiones de la corporación se tomen dentro de las competencias y procedimientos establecidos en la ley y en el Reglamento Interno.
Uno de los puntos centrales de la controversia tiene que ver con la conformación de seis comisiones accidentales encargadas de estudiar igual número de proyectos de acuerdo presentados durante las sesiones extraordinarias. Los firmantes aseguran que solicitaron conocer los documentos que acreditaran cómo, cuándo y por quiénes fueron conformadas dichas comisiones.
De acuerdo con el comunicado, los dos vicepresidentes del Concejo manifestaron que no fueron convocados a una reunión de la Mesa Directiva en la que se habría tomado la decisión relacionada con la conformación de esas comisiones. Los ocho concejales consideran necesario que las actas, convocatorias y demás documentos sean revisados para establecer cómo se desarrolló el procedimiento.
La discusión también alcanzó los primeros debates de algunos proyectos. El comunicado indica que tres iniciativas lograron surtir primer debate, relacionadas con residuos sólidos, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y enajenación. Posteriormente, según los concejales, el alcalde solicitó mediante comunicación del 15 de septiembre el retiro de los seis proyectos.
Otro de los asuntos mencionados está relacionado con la renuncia del Secretario General y las actuaciones posteriores frente al ejercicio de las funciones de Secretaría. Los concejales sostienen que formularon observaciones y solicitaron documentos y soportes técnicos durante el desarrollo de las comisiones, con el propósito de contar con elementos para analizar las iniciativas.
La tensión aumentó durante la jornada del 20 de septiembre, cuando, según el comunicado, se produjo un episodio al interior del recinto mientras uno de los concejales hacía uso de la palabra. Los firmantes aseguran que el presidente de la corporación procedió a retirarle el micrófono de manera que califican como agresiva. El documento señala que el hecho quedó registrado y que deberá ser analizado dentro de su contexto.
Frente a esta situación, los ocho concejales rechazaron cualquier forma de agresividad, intimidación o contacto físico que no esté justificado y sostuvieron que las diferencias dentro de una corporación pública deben resolverse mediante argumentos, normas y mecanismos institucionales. También aclararon que no pretenden anticipar responsabilidades ni determinar por cuenta propia si se configuraron faltas.
En ese sentido, anunciaron que acudirán a los mecanismos constitucionales, administrativos y disciplinarios correspondientes y solicitarán la preservación de actas, grabaciones, expedientes, resoluciones, convocatorias y demás documentos relacionados con los hechos. La intención, según explicaron, es que sean las autoridades competentes las que determinen si las actuaciones cuestionadas se ajustaron a la Constitución, la ley y el Reglamento Interno.
El comunicado fue firmado por los concejales Carlos Padilla Peña, Giselle Lafarie Fernández, Orlando de la Rosa Pertuz, María Mellado Fuentes, Diego Serrano Ardila, Ernesto Durán, Felipe Campo Rendón y Audenago Velásquez Navarro. Los dignatarios insistieron en que su actuación no busca paralizar el funcionamiento de la corporación ni impedir que las mayorías tomen decisiones, sino reclamar que tanto mayorías como minorías estén sometidas a las mismas reglas y que exista transparencia en las decisiones que afectan el futuro de Ciénaga.
