La propuesta del Gobierno nacional también contempla menores costos asociados al RUNT y al SIMIT, cursos más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas.
Las multas de tránsito podrían dejar de convertirse en una pesadilla económica para miles de colombianos. El presidente Abelardo De la Espriella anunció que se tramita una reforma integral al Código Nacional de Tránsito y aseguró que su Gobierno busca cambiar las reglas para que las sanciones sean más justas, los trámites menos costosos y las normas estén realmente conectadas con la realidad de los ciudadanos.
El mandatario señaló que el actual Código Nacional de Tránsito fue expedido en 2002 y, pese a haber sido sometido a cinco reformas, considera que continúa desconectado de las necesidades del país. Por eso, le ordenó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, avanzar de inmediato en la construcción de un nuevo marco normativo que, según dijo, deberá proteger la seguridad vial, pero también tener en cuenta la capacidad económica de las familias.
Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno es el costo que puede acumular una infracción. De la Espriella advirtió que una multa, sumada a intereses, patios y servicios de grúa, puede terminar representando más de un salario mínimo y, en algunos casos, provocar la pérdida de la motocicleta o el vehículo con el que una persona trabaja y sostiene a su familia.
La propuesta también contempla revisar los costos asociados al RUNT y al SIMIT, reducir el precio de los cursos para conductores, ampliar la vigencia de las licencias y establecer plazos que, según el Gobierno, sean más razonables para las revisiones técnico-mecánicas. La intención es que el sistema de tránsito mantenga su función de prevención y protección de la vida, pero sin que los trámites y sanciones terminen convirtiéndose en una carga desproporcionada para los ciudadanos.
“La reforma pondrá en orden multas justas y proporcionales, menores costos asociados al RUNT y al SIMIT, cursos más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas. Vamos a proteger la vida y la seguridad en las vías, pero sin permitir que las sanciones, los trámites y los cobros alrededor del tránsito se conviertan en un negocio a costa del bolsillo y la tranquilidad de las familias colombianas”, dijo De la Espriella.
En su anuncio, el presidente también lanzó una dura advertencia contra lo que calificó como “mafias” alrededor del sistema de tránsito y señaló especialmente que algunas de esas estructuras tendrían presencia en Barranquilla. Sin entregar mayores detalles sobre esas denuncias, aseguró que su Gobierno buscará desmontar los negocios que, a su juicio, se han construido alrededor de cobros y procedimientos que terminan afectando a los conductores.
“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia (…) Detrás de eso también hay unas mafias grandes —y de aquí de Barranquilla, que no es lo mismo— y las vamos a acabar”, sostuvo el presidente.
La reforma apenas comienza su construcción y deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. Sin embargo, el anuncio abre desde ya el debate sobre cómo encontrar el equilibrio entre castigar las infracciones y garantizar la seguridad en las vías, sin que una sanción termine dejando sin herramienta de trabajo a una familia. El Gobierno sostiene que el nuevo código deberá poner al ciudadano en el centro y convertir el tránsito en un sistema más moderno, proporcional y acorde con la Colombia de hoy.
