La funcionaria afirmó que “la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”.
La instalación de nuevas cámaras de velocidad en la vía al mar o autopista Barranquilla–Cartagena quedó en el centro de una disputa institucional. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que su cartera solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspender la entrada en operación de tres nuevos dispositivos, que se sumarían a los cuatro que actualmente funcionan en este corredor vial.
Para la ministra, contar con siete cámaras de velocidad en la misma autopista resulta excesivo, especialmente mientras persiste un conflicto de competencias entre las entidades involucradas. Por eso, el Ministerio decidió intervenir y pedir formalmente que los tres nuevos equipos no comiencen a operar, al menos mientras se define el alcance de las competencias sobre estos dispositivos.
Noguera cuestionó además que la detección electrónica pueda terminar convertida principalmente en una herramienta de sanción económica. Su posición es clara:
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, sostuvo la funcionaria, al defender un enfoque de seguridad vial que vaya más allá de la imposición de comparendos.
La apuesta del Gobierno, según explicó la ministra, será priorizar soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir los riesgos en la autopista. La intención es que las medidas de seguridad estén orientadas a prevenir accidentes y mejorar las condiciones de circulación, en lugar de depender exclusivamente de cámaras para controlar la velocidad.
La decisión abre ahora un nuevo capítulo alrededor de las cámaras de velocidad en una de las principales conexiones entre Barranquilla y Cartagena. Mientras se resuelve el conflicto de competencias, el Ministerio de Transporte busca frenar la entrada en operación de los tres nuevos dispositivos y plantea cambiar el enfoque: más prevención y seguridad vial, y menos dependencia de mecanismos que puedan ser percibidos como instrumentos de recaudo.
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Informe: Luis Ángel Terán
