El extranjero interpondrá acciones legales contra los vecinos que grabaron los videos y lo señalaron de estar accediendo a su hijo adoptivo.
El ciudadano estadounidense Grant Gail, de 36 años y oriundo de Texas, quien fue detenido el pasado domingo 14 de junio tras ser señalado de abuso sexual a un menor en un apartamento del barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén, quedó en libertad sin cargos tras comprobarse que no existió ningún tipo de agresión.
Su abogado, Fabio Humar, defensor del extranjero, anunció que presentará demandas penales contra los vecinos y personas que grabaron y difundieron videos virales del incidente, por delitos como falso testimonio, injuria, calumnia y fraude procesal.
El domingo 14 de junio, vecinos del sector observaron desde otros edificios al hombre extranjero con un niño en el balcón de un apartamento arrendado presuntamente por Airbnb. Creyendo presenciar un acto de abuso sexual, grabaron videos que se viralizaron rápidamente y alertaron a la Policía.
Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con unidades de Infancia y Adolescencia, ingresaron al inmueble y detuvieron a Gail por presunto acto sexual abusivo con menor de 14 años. En el lugar se encontraban tres hermanos de aproximadamente 4, 7 y 15 años, quienes fueron trasladados para valoración médica y protección del ICBF.
El giro en la investigación
Exámenes de Medicina Legal y valoraciones del ICBF descartaron cualquier evidencia de abuso sexual, maltrato físico o violencia contra los menores. Según versiones preliminares, el niño de 7 años se habría alterado por un juguete y el adulto lo sacó al balcón para calmarlo, posiblemente tras un episodio de atoramiento con comida.
La Fiscalía General de la Nación lo dejó en libertad por falta de material probatorio concluyente. El proceso de adopción internacional de los tres niños, que Gail y su esposa adelantan desde hace varios años, quedó suspendido preventivamente, sin embargo, ellos manifestaron que continuarán con los trámites para conseguirlo.
El abogado Fabio Humar, especialista en derecho penal, indicó que su cliente busca reparación por el daño irreparable causado a su reputación por la difusión masiva de los videos y las acusaciones públicas. “La justicia llegará a estas personas, tarde que temprano”, señaló en diálogo con medios nacionales de comunicación.
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