La iniciativa es liderada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En un nuevo paso hacia la descentralización del Estado, el Gobierno nacional avanza en la socialización del proyecto de Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones, una iniciativa que busca transformar la forma en que se distribuyen funciones y recursos entre la nación y los territorios.
Liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, el proyecto plantea un cambio estructural en la organización territorial del país, al otorgar mayor autonomía a las regiones, pero bajo un esquema que también incrementa sus responsabilidades en la gestión de recursos públicos.
“Esta iniciativa es una verdadera oportunidad para las regiones. Estamos impulsando un proyecto que permitirá invertir en necesidades que realmente impactan el bienestar de las personas, como agua potable, educación y salud, especialmente en la Colombia profunda”, afirmó el jefe de la cartera política.
La propuesta ha sido presentada como una de las reformas más relevantes desde la Constitución de 1991, al redefinir las competencias entre el Gobierno central y las entidades territoriales. Su objetivo principal es establecer con claridad qué funciones corresponden a cada nivel de administración, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.
El proyecto es resultado de un amplio proceso de construcción colectiva en el que participaron entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, así como representantes de sectores sociales, gremios, academia y autoridades locales. Tras más de 150 sesiones de trabajo, se consolidó un articulado que ahora será debatido en el Congreso.
Uno de los pilares de la iniciativa es el principio de corresponsabilidad: las regiones que reciban mayores recursos deberán asumir también mayores compromisos en su administración. Esto, según el Gobierno, responde a la diversidad territorial del país, donde las necesidades y capacidades varían significativamente entre grandes ciudades y municipios rurales.
Además, el proyecto establece mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de garantizar una implementación articulada de las políticas públicas en sectores clave como salud, educación y agua potable.
La propuesta tiene su origen en la reforma constitucional 03 de 2024, impulsada por el Ejecutivo como parte de su apuesta por consolidar a Colombia como un país de regiones, reduciendo el centralismo histórico en la toma de decisiones.
Actualmente, el proyecto de ley es estudiado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, instancia que tendrá la tarea de ajustar y debatir el texto antes de su eventual aprobación. De prosperar, esta reforma marcaría un punto de inflexión en la gestión territorial, con impactos directos en la inversión pública y el desarrollo local.
Mientras avanza su trámite legislativo, el Gobierno continúa promoviendo espacios de diálogo con comunidades y autoridades regionales, en un intento por construir consensos alrededor de una de las apuestas más ambiciosas de su agenda institucional.
