Aunque el fallo no ordenó el desmonte inmediato de la caseta y definitivo solicitado por algunos sectores, sí impuso órdenes estrictas de transformación en el diseño vial.
En un fallo histórico que pone fin a meses de incertidumbre y protestas sociales, el Tribunal Administrativo del Atlántico ha dictado sentencia sobre el polémico peaje Papiros. Tras una batalla jurídica liderada por la Procuraduría General de la Nación, la justicia determinó que el diseño actual de la infraestructura representa una amenaza real para la vida de miles de usuarios.
La controversia se centra en el peaje ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia. Durante años, los habitantes de la zona han denunciado que esta caseta no solo es un golpe a su economía, sino un punto crítico de accidentalidad. La comunidad, bajo el movimiento “No más Peajes”, llevó sus quejas desde las vías, con plantones y “planes tortuga”, hasta los estrados judiciales.
El Tribunal fue contundente: “No puede dársele prevalencia al interés económico del concesionario por sobre el riesgo latente de accidentalidad”. La Sala amparó parcialmente los derechos colectivos a la seguridad pública y a la prevención de desastres técnicos, señalando fallas críticas en el diseño de la vía adyacente a la báscula de pesaje.
Entre los hallazgos principales que motivaron la decisión se encuentran:
– Peligro para los más vulnerables: El diseño actual obliga a motociclistas y ciclistas a maniobras de “entrecruzamiento” peligrosas con vehículos de carga pesada.
– Infraestructura deficiente: Se identificó una reducción crítica de la berma y del espacio de la calzada principal que incumple las especificaciones técnicas de ley.
– Responsabilidad compartida: La sentencia señala directamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Concesión Costera Barranquilla Cartagena S.A.S. por estas vulneraciones.
Las órdenes del Tribunal: ¿se mueve el peaje?
Aunque el fallo no ordenó el desmonte inmediato y definitivo solicitado por algunos sectores, sí impuso órdenes estrictas de transformación:
– Rediseño Geométrico: Las entidades deberán realizar estudios y obras para adecuar la geometría de la carretera a los manuales de seguridad vial.
– Posible Reubicación: El fallo abre la puerta a que, si es necesario para garantizar la seguridad, se deba reubicar la infraestructura del peaje y la báscula.
– Plazos estrictos: Se otorgaron 6 meses para estudios, 3 meses para aprobación y un máximo de 12 meses para la entrega final de las obras.
– Vigilancia Ciudadana: Se ordenó la creación de un comité de verificación integrado por las partes, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Universidad del Atlántico para vigilar que las órdenes se cumplan.
Este fallo marca un precedente en cómo los proyectos de infraestructura deben equilibrar su sostenibilidad financiera con la integridad física de los ciudadanos. Mientras las entidades demandadas evalúan el impacto de las obras ordenadas, la comunidad de Puerto Colombia recibe esta decisión como una victoria parcial pero significativa en su lucha por una movilidad digna y segura.
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