Esta inversión ha permitido instalar más de 2.600 cámaras, beneficiando directamente a cerca de 936.000 personas y de manera indirecta a más de 3 millones de colombianos.
El Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Armando Benedetti, avanza en una de las mayores apuestas tecnológicas en materia de seguridad del actual Gobierno: fortalecer la videovigilancia en los territorios más vulnerables del país.
Entre 2024 y 2025, el Gobierno nacional destinó más de 502 mil millones de pesos a través del Fondo de Seguridad (FONSECON) para la instalación de más de 2.600 cámaras de videovigilancia. La medida beneficia directamente a cerca de 936.000 personas y de forma indirecta a más de 3 millones de colombianos, según el balance oficial.
Las autoridades destacan que estos sistemas han mejorado hasta en un 30 % la capacidad de reacción de la fuerza pública, facilitan la identificación de responsables y aportan evidencia clave para procesos judiciales, contribuyendo a reducir los niveles de impunidad.
Estudios citados por el Ministerio del Interior indican que entre el 20 % y el 40 % de los delitos urbanos pueden ser apoyados con este tipo de tecnología, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva.
Más allá de la simple instalación de equipos, el programa articula tecnología, análisis de datos y coordinación interinstitucional. Las cámaras están conectadas a centros de monitoreo en tiempo real que permiten detectar incidentes de manera temprana, focalizar operativos policiales y responder con mayor rapidez en sectores críticos.
“La seguridad deja de ser un privilegio para convertirse en un derecho real para quienes más la necesitan”, ha enfatizado el ministro Benedetti en diferentes intervenciones sobre esta estrategia.
La inversión se enmarca en la política de “seguridad territorial” del Gobierno nacional, que busca llevar presencia estatal efectiva a municipios y barrios históricamente afectados por la delincuencia, el microtráfico y la ausencia de herramientas tecnológicas modernas.
Con estos resultados, el Ejecutivo presenta la videovigilancia como una herramienta concreta para prevenir el delito, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la institucionalidad en todo el territorio nacional.
