“Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones”, reprochó el mandatario.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador Ciro Ramírez, del partido Centro Democrático, a 23 años de prisión por su responsabilidad en un entramado de corrupción que desvió cerca de 90.000 millones de pesos en contratos públicos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
El alto tribunal lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además, impuso una multa superior a los 22.000 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de 23 años. Ramírez deberá cumplir la pena en centro carcelario una vez la sentencia quede en firme, sin posibilidad de casa por cárcel ni beneficios mientras se agotan los recursos.
“Ahora se hace justicia”: Petro
Tras conocer el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Gustavo Petro, no dudo en reaccionar, cuestionando que Ramírez, quien había sido capturado el 14 de diciembre de 2023, fuera dejado en libertad por este caso el 2 de mayo de 2025, justo cuando el Congreso debatía y votaba varias reformas sociales impulsadas por su gobierno.
“Este senador del Centro Democrático lo dejaron salir por un tiempo y su cargo para votar en contra de la consulta popular y en las elecciones. Ahora se hace justicia. Corruptos votando contra el pueblo“, criticó con contundencia el jefe de Estado.
Más detalles del caso por el que se condena al senador uribista
Según la sentencia de la Corte Suprema, el senador lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos, particulares y contratistas que manipuló la adjudicación de recursos estatales para favorecer a aliados políticos y retribuir apoyos recibidos durante su campaña. El eje central del esquema fue el Convenio Interadministrativo 670 de 2021, firmado entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta (Proyecta), del que derivaron múltiples contratos de obra pública e interventorías en departamentos como Quindío, Tolima, Caldas y Santander.
La alto tribunal detalló que Ramírez, en acuerdo con Pablo César Herrera (exasesor de Proyecta y testigo clave), direccionó contratos por valores como 48.660 millones de pesos y 22.173 millones de pesos, entre otros, a empresas previamente seleccionadas, como las encabezadas por Anderson González González y Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez. A cambio, recibió dádivas por alrededor de 1.000 millones de pesos (hasta el 15 % de las ganancias de los contratos).
“Se demostró que el acusado lideró una organización criminal a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política”, señaló el fallo.
El caso, conocido como ‘Las Marionetas 2.0’, replica el esquema de corrupción atribuido al fallecido senador Mario Castaño, quien fue condenado por similares irregularidades. La investigación se inició formalmente en 2023 y contó con interceptaciones, testimonios y pruebas documentales que demostraron cómo Ramírez aprovechó su posición en el Congreso (2020-2022) para consolidar poder político regional a costa de recursos destinados a obras públicas.
Ramírez fue capturado el 14 de diciembre de 2023 y permaneció recluido en La Picota hasta mayo de 2025, cuando la Corte Suprema le concedió libertad condicional al considerar que ya no representaba riesgo para el proceso. Hoy, con la condena en primera instancia, su futuro como senador queda en entredicho: la inhabilidad lo apartaría de su curul una vez la sentencia quede en firme.
