Los dos uniformados y el fiscal terminaron en la cárcel por lo mismo que juraron combatir: la corrupción.
Un fiscal seccional y dos patrulleros de la Sijín de Santa Marta terminaron tras las rejas acusados de convertir su autoridad en un negocio de extorsión millonaria. Según la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios aprovecharon un supuesto “caso de narcotráfico y contrabando” para quedarse con una carga valiosa y chantajear a su legítimo dueño.
El 24 de enero pasado, en plena vía que conecta la zona portuaria con Medellín, un tractocamión cargado con 15 motores importados fue interceptado por los patrulleros Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.
El vehículo fue inmovilizado y llevado a un parqueadero, pero al día siguiente, el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila firmó un oficio en el que ordenaba poner el camión y la mercancía a disposición de su despacho, argumentando que se trataba de contrabando y posible narcotráfico.
Según las investigaciones, la realidad era otra. El propietario de los motores fue citado por los tres funcionarios y allí, según las pruebas de la Fiscalía, le dejaron claro el “precio de la libertad”: 300 millones de pesos para devolverle su carga. Ante la negativa, la cifra bajó a 100 millones. “O pagas o te quedas sin nada”, fue el mensaje implícito.
Lo más grave, conforme a lo establecido por el ente acusador, es que el fiscal Montes Dávila no tenía competencia para asumir el caso. Para ocultar la irregularidad, metió todas las actuaciones en un proceso judicial abierto por otros hechos, dando apariencia de legalidad a una operación completamente ilegal.
Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres. La Fiscalía les imputó el delito de concusión, pero adicionalmente, al fiscal seccional le formularon cargos por prevaricato por omisión agravado.
