El fiscal del caso reveló que el ahora imputado, recientemente, se encontraba dando clases de jiu-jitsu a mujeres y niños en Santa Marta.
El juez séptimo penal municipal de control de garantías concedió un plazo de dos días al abogado defensor de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, de 44 años de edad, en medio de la audiencia de medida de aseguramiento por el presunto feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, de 22 años, cuya muerte se desencadenó tras hechos confusos registrados en abril de 2024, en el interior de un conjunto residencial, en Villa Campestre, Puerto Colombia.
Al iniciar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal del caso recordó lo expuesto en la audiencia de imputación de cargos sobre la muerte de la joven y los resultados de la necropsia. El funcionario hizo énfasis en que las lesiones que Valentina presentaba en su cuerpo no coincidían con un ahorcamiento con el columpio de yoga en el que practicaba la joven, tal como lo aseguró su pareja, quien indicó a familiares de la víctima, autoridades y medios de comunicación que ella se había suicidado, ahorcándose con dicho elemento.
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Cabe recordar que aunque el 9 de abril de 2024 Cepeda fue llevada a la Clínica Portoazul Auna y allí fue reanimada, al día siguiente, 10 de abril, falleció mientras recibía atención médica. El fiscal también recordó que Valentina, según elementos probatorios recopilados, habría sido víctima de un ciclo de violencia por parte de Álvaro Felipe.
El ente investigador apuntó a que el ahora procesado fue quien, presuntamente, acabó con la vida de la víctima mediante estrangulamiento y otros maltratos a través de técnicas de Jiu-Jitsu, destacando que el día de los hechos no fue la primera vez que el hombre, presuntamente, utilizó llaves de la disciplina para la “resolución” de los conflictos con su pareja, dado que las habría aplicado desde el momento en que comenzó a convivir con ella, en enero de 2024, hasta el 9 de abril de 2024.
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Por lo expuesto anteriormente, el fiscal solicitó que Rivera fuera enviado a prisión de manera preventiva: “La pena para el delito de feminicidio agravado está entre 500 y 600 meses de prisión. En este particular caso la detención preventiva está reglada, ya que procede cuando la pena es superior a cuatro meses de prisión y advertimos que este es un delito oficioso que no requiere petición especial de la Procuraduría General de la Nación, no requiere querella. La fiscalía solicita que se imponga una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario”.
Asimismo, el fiscal advirtió que el ahora imputado, recientemente, se encontraba dando clases de jiu-jitsu a mujeres y niños en Santa Marta y, además, “ha hecho contactos para buscar trabajo en empresas internacionales”, por lo que la medida intramural es la idónea para garantizar que enfrente el proceso.
El representante de la Procuraduría también apoyó la petición de la medida, argumentando que, según las pruebas, “hubo un homicidio, se manipuló la escena del crimen y se trató de demostrar (por parte de Rivera) que Valentina estaba teniendo comportamientos erráticos y suicidas para aparentar que ella estaba psicológicamente afectada y por esto iba a tomar la decisión de acabar con su vida”.
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