El contratista cordobés será llevado a la Cárcel El Bosque, donde deberá cumplir la totalidad de la pena de 6 años y 4 meses de prisión que le fue impuesta por el desfalco de Centros Poblados.
El empresario Emilio José Tapia Aldana, conocido como el “zar de la contratación”, fue capturado por las autoridades este viernes en Barranquilla, en cumplimiento de la orden judicial emitida Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, que el pasado 10 de octubre revocó la medida de libertad condicional de la que gozaba el sujeto.
La detención fue ejecutada por agentes de la Dijín de la Policía Nacional y responde a una orden judicial emitida para que cumpla el tiempo restante de su condena por su rol en el millonario desfalco al proyecto Centros Poblados, un caso que evidenció irregularidades en contratos de conectividad rural adjudicados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Según lo conocido, Tapia Aldana sufrió una crisis de hipertensión luego de ser capturado y tuvo que ser llevado a la Clínica Altos del Prado, donde recibe atención médica. Una vez sea dado de alta será llevado a la Cárcel El Bosque, allí mismo en Barranquilla.
El escándalo estalló entre 2020 y 2021, durante el gobierno de Iván Duque, cuando se adjudicó un contrato por más de 1 billón de pesos destinado a llevar internet gratuito a colegios y zonas rurales vulnerables del país. Sin embargo, el proyecto se vio empañado por maniobras fraudulentas: la Unión Temporal Centros Poblados, en la que Tapia jugó un papel clave al controlar tres de las cuatro empresas involucradas, presentó garantías bancarias falsas para obtener un anticipo de 70.000 millones de pesos. De esa suma, el contratista cordobés recibió directamente 6.182 millones, de los cuales destinó 1.118 millones a pagos a empresarios cómplices y el resto a gastos personales, según la investigación de la Fiscalía.
Tapia fue imputado en febrero de 2022 por delitos como falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación. En diciembre de 2024, firmó un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando su responsabilidad y recibiendo una condena de 6 años y 4 meses de prisión. Como parte del acuerdo, se comprometió a devolver 5.063 millones de pesos a las víctimas –suma de la que ya había pagado la mitad en consignaciones entre julio y septiembre de 2024–, una cifra considerada “irrisoria” frente al impacto total del desfalco.
Este no es el primer roce de Tapia con la justicia. Anteriormente, fue condenado a 17 años por su participación en el “Carrusel de la Contratación” durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá, un esquema de sobornos y sobrecostos en obras públicas que lo llevó a prisión desde 2011.
El camino a la recaptura
Tras cumplir 48 meses en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, Tapia obtuvo libertad condicional el 11 de abril de 2025, gracias a una decisión de la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló la medida, argumentando que el empresario no había completado la reparación integral a las víctimas ni demostrado un “adecuado desempeño” en su tratamiento penitenciario, lo que indicaba una falta de resocialización efectiva.
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, al resolver la apelación, revocó la libertad condicional el 10 de octubre de 2025 y ordenó la captura inmediata. En su fallo, el juez enfatizó la “propensión a delinquir” de Tapia, destacando que sus acciones en Centros Poblados ocurrieron mientras aún cumplía condena por el Carrusel, lo que demuestra una reincidencia que “no fue producto del azar, sino de una meticulosa planeación para despojar a la administración de fondos destinados a la comunidad”. Además, se abrió una investigación disciplinaria contra la jueza de Barranquilla por conceder el beneficio de manera controvertida.
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La recaptura se materializó tres semanas después, en un operativo en Barranquilla, donde Tapia deberá continuar su pena bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El fallo judicial subraya que el tratamiento penitenciario debe ser “acorde con los hechos” y que no se justifican beneficios adicionales dada la erosión de la confianza pública causada por sus actos.
