La fiscal delegada del caso tendrá 30 días para sustentar el recurso y la Sala Penal de la Corte deberá resolver si procede o no la revisión del expediente.
La Fiscalía General de la Nación formalizó este jueves el recurso extraordinario de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un intento por revocar la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La decisión, impulsada por la fiscal delegada Marlenne Orjuela, busca que la magistratura revise el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, emitido el pasado 21 de octubre, que declaró inocente al exmandatario en segunda instancia.
El proceso, que se arrastra desde hace 13 años y ha sido calificado como “el juicio del siglo” en Colombia, remonta sus orígenes a 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos en relación con sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. La Corte Suprema, en 2018, invirtió los roles: investigó al exmandatario por intentar sobornar testigos para que se retractaran de declaraciones en su contra, como las del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien lo había ligado al bloque Metro de las AUC.
En primera instancia, el 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, argumentando que el exmandatario, a través de su abogado Diego Cadena, había ofrecido dádivas a testigos como Monsalve, Eurídice Cortés, alias Diana; y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia hace tres días, concluyendo que la Fiscalía no acreditó la responsabilidad directa de Uribe ni la licitud de pruebas clave, como interceptaciones telefónicas declaradas ilegales por vulneración a la intimidad.
La fiscal Orjuela, quien en el juicio oral solicitó la condena del expresidente, rechazó el fallo de segunda instancia y decidió radicar el recurso de casación, que tiene un plazo de 30 días para su sustentación. Según el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), este mecanismo extraordinario no reabre el juicio, sino que busca corregir errores de derecho o violaciones en la apreciación de pruebas, como la supuesta interpretación errónea de las interceptaciones –avaladas previamente por la Corte Suprema– o el descarte de testimonios y documentos clave.
Cabe destacar que no es la única parte que impugna la decisión, pues las víctimas, incluyendo al senador Iván Cepeda, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, también presentarán su propio recurso de casación en los próximos días.
El Tribunal de Bogotá concedió un plazo inicial de un mes, prorrogable por igual período, para radicar estas demandas. La Corte Suprema tiene entre seis y 18 meses para decidir si admite el recurso. Si lo hace, programará una audiencia donde las partes sustentarán sus argumentos en máximo 10 minutos cada una. Posteriormente, el ponente elaborará un proyecto de fallo para votación en Sala. La sentencia final podría demorarse hasta cinco años, según una decisión de la Corte Constitucional.
