Teniendo en cuenta vínculos familiares entre la actual alcaldesa y un candidato a la Cámara, el Partido Liberal pidió medidas especiales para garantizar la transparencia y la equidad.
El Partido Liberal elevó una solicitud formal ante el Comité de Seguimiento Electoral Departamental del Atlántico para que se designe un alcalde o alcaldesa ad hoc, al advertir posibles riesgos para la transparencia y el equilibrio del certamen democrático.
La petición fue sustentada por el abogado de la colectividad, Alberto Peña, quien expuso ante el comité una serie de situaciones que, a juicio de la colectividad, podrían derivar en conflictos de interés dentro de la administración municipal durante el periodo electoral. Entre los argumentos presentados se mencionan vínculos cercanos entre la actual mandataria local y un candidato a la Cámara de representantes, así como la relación familiar de una alta funcionaria del gobierno municipal con un aspirante al Senado.
Para el Partido Liberal, estos factores ameritan la adopción de medidas preventivas que permitan blindar el proceso electoral y asegurar condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas que competirán por las curules al Congreso.
A las preocupaciones institucionales se suman denuncias provenientes de comerciantes del municipio, quienes aseguran haber sido objeto de presiones luego de expresar públicamente su respaldo político mediante afiches, adhesivos, stickers o microperforados instalados en sus viviendas y vehículos.
Frente a este escenario, la colectividad anunció que mantendrá vigilancia permanente sobre el desarrollo del proceso y que elevará la solicitud ante instancias nacionales como la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en busca de acciones que garanticen neutralidad administrativa y respeto por las libertades políticas.
No obstante, Peña precisó que cualquier hecho que implique intimidación directa contra candidatos o dirigentes debe ser investigado por los organismos competentes, subrayando que el llamado del partido apunta a prevenir irregularidades y a proteger la legitimidad de unas elecciones que, según insistió, deben celebrarse bajo plenas garantías democráticas.
