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42 exintegrantes del Ejército reconocieron responsabilidad ante la JEP por “falsos positivos” en Antioquia

Los exmilitares habrían participado del asesinato de 581 personas, entre las cuales 208 fueron desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combates en Antioquia.

Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 42 antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional reconocieron haber participado del patrón macrocriminal en el que al menos 581 personas fueron asesinadas, entre ellas 208 que además fueron desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combates en Antioquia.

Varios de ellos reconocieron haber liderado la política de facto de “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando, pese a conocer los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil. Dentro del plazo para responder a la imputación, decidieron aceptar por escrito su participación en los crímenes.

De los 50 comparecientes de la fuerza pública imputados en los dos periodos investigados, siete reconocieron hechos ocurridos entre 2002 y 2003; y los otros 35 en hechos cometidos entre 2004 y 2007. Todos aceptaron su responsabilidad en los términos establecidos por la magistratura.

“Por escrito, los comparecientes manifestaron su disposición para entregar información relevante a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En algunos casos, aportaron información nueva y reconocieron responsabilidades que van más allá de los términos establecidos en la imputación. Además, se refirieron a los daños causados y expresaron su voluntad de contribuir a la restauración de las víctimas, comunidades y Territorios”, explicó la JEP.

Uno de los imputados que reconoció su responsabilidad fue el teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien se desempeñó como oficial de operaciones de la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.

Además, se encuentran los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz.

Todos fueron comandantes de unidades investigadas que, para la época de los hechos, dieron órdenes para implementar esta política —basada en la presión por resultados operacionales medidos en bajas— trazada desde la IV Brigada y documentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad a través de tres modalidades macrocriminales descritas en la investigación.

A esta lista de reconocimientos de responsabilidad, surgida en el marco del proceso dialógico que ha contado con la participación de víctimas y comparecientes, y que se enmarca en el Caso 03 sobre ‘falsos positivos’, se suman cinco mayores: Juan Carlos Quiroz Osorio, César Augusto Tavera Cardona, Ángel William Martínez, Óscar Odilio Villate Porras y Félix Gabriel Churio Marcucci; cuatro capitanes: Carlos Andrés Nivia, José Alberto Caicedo Antolínez, Beismarck Salamanca Nempeque y Gersson Freddy Buitrago Medina; y cuatro tenientes: Nelson Enrique Carvajal Chisco, Manuel Alejandro Cuéllar, Hernando García García y César Augusto Cómbita Eslava.

Los comparecientes imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en los homicidios, entre ellos 208 casos de desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato. De ese total, 147 fueron perpetrados en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, y los 434 restantes, además de las ocho tentativas, ocurrieron durante el segundo periodo analizado, entre 2004 y 2007.

“La evidencia judicial demuestra que, a través de órdenes, directrices, lineamientos y mensajes cotidianos transmitidos por radio a las tropas, se condicionó la conducta criminal de sus subalternos y se favoreció la consolidación de asociaciones ilícitas dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando”, agregó el órgano de justicia.

Pese a la amplia evidencia testimonial y documental recopilada por la JEP en el proceso judicial, cuatro comparecientes decidieron no aceptar la imputación como máximos responsables. Otros tres presentaron solicitudes de nulidad y, en un caso, el del compareciente Édgar Emilio Ávila Doria, la sala no encuentra registro de su pronunciamiento.

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