Advierten que “las entidades humanitarias deben usar sus distintivos institucionales de manera visible y no podrán movilizarse en la noche”.
En medio del paro armado que sostienen las estructuras del ELN en el departamento del Chocó, el grupo armado anunció que dará apertura a un “corredor humanitario entre el 16 y el 21 de agosto” del año en curso para que la población civil pueda atender diligencias médicas y de otra índole a las cuales se encuentran restringidos por el temor a perder sus vidas.
“La dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, permite que se abra un corredor humanitario desde el día 16 hasta el 21 de agosto de 2024, para que puedan llegar las ayudas a los pobladores y de esta manera mitigar los efectos del paro armado que se mantiene vigente hasta nueva orden”, se lee en un comunicado del grupo armado.
En ese orden, advirtieron que las “entidades humanitarias que se vayan a movilizar en los territorios donde esta vigente el paro armado deben usar sus distintivos institucionales de manera visible, esto incluye las embarcaciones y vehículos, con el fin de evitar accidentes, en ningún momento podrán movilizarse en horas de la noche”.
En un extracto del comunicado manifestaron que el paro armado obedece a la contención paramilitar sobre el territorio mencionado, precisando que el pasado 9 de agosto en medio de combates unidades guerrilleras recuperaron material bélico y se les causo un número significativo de bajas al Clan del Golfo en el sector de Buenas Brisas.
El paro armado del ELN en Chocó inició el pasado domingo 11 de agosto, causando en pocos días la confinación de aproximadamente 45.000 personas, afectando 85 comunidades étnicas y por lo menos 30 familias desplazadas en territorios como Chambacú en Sipí y Doidó en Itsmina.
“Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado. Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan”, había expresado en días pasados el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.
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