Desde el pasado domingo 11 de agosto hay restricciones en la movilidad de la población civil y retornaron las acciones de violencia.
Las comunidades del departamento del Chocó han lanzado un llamado de clamor al Gobierno nacional para que se apersone y tome el control de la crisis de seguridad que se vive en ese territorio, por cuenta del paro armado que mantiene la guerrilla del ELN desde el pasado domingo 11 de agosto, cuando lo decretaron.
La mayor tensión se vive en el sur del Chocó, donde el panorama humanitario se recrudece por cuenta del temor a los combates de este grupo armado ilegal con el Clan del Golfo por la disputa del territorio.
La Defensoría del Pueblo aseguró en un reciente informe que este paro armado del ELN tiene confinadas a aproximadamente 45.000 personas en el departamento del Chocó y afectando 85 comunidades étnicas, por lo que solicitó una urgente intervención del Gobierno nacional para que se atienda la situación.
“Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado. Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan”, sostuvo el defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina.
Vale recordar que este recrudecido panorama se presenta luego de que se cumpliera el plazo de suspensión de cese al fuego entre el Gobierno y el ELN y este no se extendiera por diferencias entre las partes en medio de las negociaciones de paz que se encuentran congeladas.
Otros registros oficiales dictan que cerca de 30 familias de las comunidades de Chambacú en Sipí y Doidó en Itsmina ya han llegado hasta instalaciones del Consejo Comunitario General del San Juan, desplazabas por esta violencia y buscando un refugio seguro para sus vidas en medio de la crisis humanitaria de la región.
Ante esto, la iglesia católica pidió al Gobierno establecer la vía del diálogo y evitar incluir a la población civil en estas acciones que vulneran los derechos humanos.
“Esto viene de mucho tiempo atrás. Ha habido momentos de aparente calma, pero luego vuelve la crispación y la zozobra. Ahora mismo hay muchos desplazamientos, confinamientos, nadie se mueve por cuenta del paro, y desde que acabó el cese al fuego con el ELN (el pasado 3 de agosto) la situación se volvió más difícil. El pueblo del Pacífico sigue esperando que el presidente Petro atienda estas urgencias”, puntualizó monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Chocó.
