El senador electo cordobés, quien se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, solicitó que en caso contrario sea posesionado de forma virtual.
En un caso sin precedentes recientes, el senador electo Wadith Manzur (Partido Conservador) solicitó al Congreso de la República que le permita tomar posesión de su curul de manera virtual o que una delegación del Senado se desplace hasta el lugar donde se encuentra privado de la libertad para realizar el acto protocolario.
Manzur, detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional por su presunta vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no pudo asistir a la instalación del Congreso el pasado 20 de julio debido a la medida de aseguramiento en su contra.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que la corporación recibió la solicitud y que el secretario general, junto con un equipo jurídico, analiza su viabilidad.
“Él solicitó que nos trasladáramos allá y jurídicamente estamos revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política. No es fácil”, admitió Henríquez.
La petición de Manzur abre un debate sobre los derechos políticos de los congresistas electos que enfrentan procesos judiciales. Aunque aún no tiene una sentencia condenatoria en firme, la medida de aseguramiento le impidió posesionarse en la fecha habitual. Según la Ley 5ª de 1992, los congresistas tienen un plazo de ocho días después del 20 de julio para formalizar su cargo.
Desde su lugar de reclusión, el político cordobés busca materializar los más de 134.000 votos que obtuvo en las elecciones legislativas de marzo, donde figuró como uno de los más votados de su partido.
La Mesa Directiva del Senado evalúa las opciones: posesión virtual, traslado al centro de detención o posibles alternativas. La decisión debe ajustarse a la Constitución y el reglamento interno del Congreso. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el futuro de esa curul y el impacto en la bancada conservadora.
Este caso genera opiniones divididas: algunos lo ven como una garantía al principio de presunción de inocencia y la voluntad popular expresada en las urnas; otros cuestionan la imagen de tener a un senador ejerciendo desde prisión en medio del escándalo de la UNGRD.
