El señalado cabecilla del autodenominado Bloque Resistencia Caribe se encuentra actualmente en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.
Durante el acto de toma de mando de los nuevos comandante de las Fuerzas Militares y con un tono firme y sin espacio para las ambigüedades, el presidente Abelardo de la Espriella le envió un contundente mensaje a los principales dinamizadores del delito que hoy purgan condenas en los centros penitenciarios del país.
Nombres de alto impacto en el mapa criminal como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga, Huequito, Pequeño y el Negro Ober encabezaron la lista de señalados en la alocución presidencial. El mandatario fue enfático al sentenciar el fin de la impunidad y de los privilegios tras las rejas: la era de la comodidades en prisión llegó a su fin.
En sus palabras, el jefe de Estado dejó claro que la prioridad absoluta de su administración será aislar de manera definitiva a quienes han convertido los pabellones en centros de mando para la extorsión y el crimen organizado. La advertencia anticipa el traslado inminente de estos peligrosos cabecillas hacia cárceles de máxima seguridad y reclusorios de régimen severo, cortando de raíz cualquier puente de comunicación con el exterior para salvaguardar la tranquilidad del país.
“A los bandidos como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga o Huequito, el Negro Ober, Pequeño, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad, sin otra posibilidad que cumplir la pena que les ha sido impuesta”, dijo De la Espriella.
Para la ciudadanía, harta de recibir llamadas extorsivas dirigidas desde los patios del sistema penitenciario, las declaraciones del presidente representan una respuesta drástica e ineludible. El mandatario aseguró que la justicia dejará de contemplar beneficios o vacíos normativos para estos delincuentes, garantizando que cumplan de principio a fin las penas que les fueron impuestas en estrado judicial.
Asimismo, la declaración golpea directamente los cimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). De la Espriella prometió una purga interna para erradicar la corrupción endémica en la entidad, advirtiendo que los funcionarios que cedan ante los sobornos de las redes criminales no solo perderán de inmediato su uniforme, sino que pasarán a vestir el mimetizado de procesados penales.
“La corrupción en el INPEC se arranca de raíz. El funcionario que se venda a un delincuente dejará de portar un uniforme para empezar a responder ante la justicia. En mi gobierno, las cárceles volverán a cumplir su función. Los delincuentes pagarán con creces su deuda con la sociedad”, puntualizó el mandatario.
Con este anuncio, el Gobierno marca una hoja de ruta centrada en la “mano dura” institucional y el principio de autoridad. La orden está dada y la instrucción a las fuerzas de seguridad es clara: cero tolerancia frente a las estructuras que han pretendido desafiar al Estado colombiano desde las sombras de la prisión.
