La Corte estudia demanda sobre reforma de las nuevas funciones de la Procuraduría.
El pasado 11 de mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión temporal de los alcaldes Daniel Quintero y Andrés Hurtado por la “presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas“.
La polémica se ha concentrado en la medida que adoptaron con el mandatario de Medellín, la ha sido fuertemente cuestionada por los sectores opositores del Gobierno, pues consideran que la decisión ha sido arbitraria por parte de la procuradora Margarita Cabello.
Manifestación pacífica en la Procuraduría
En la mañana de este viernes 13 de mayo, Daniel Quintero estuvo presente en la parte externa del edificio de la Procuraduría en señal de protesta a la decisión de Margarita Cabello, que para él y sus simpatizantes, es “la más ilegal, arbitraria y dictatorial de los últimos años”.
Allí el burgomaestre manifestó que van a acudir a la Comisión Interamericana, donde van a demostrar que hubo una alianza entre el gobierno nacional y la funcionaria para sacarlo de su cargo, para ello están preparando los alegatos que se estarán enviando este viernes.
Héctor Carbajal, abogado de Quintero expresó que: “La violación del debido proceso es evidente, al alcalde lo sacaron a sombrerazos. En la medida cautelar pedimos regresar al alcalde a su cargo. Se les ha olvidado que en un acto legislativo reciente Medellín no es un pueblo, es un distrito y tiene un procedimiento especial para el remplazo y hay obligación del presidente para que le permita presentar una terna en un plazo de 30 días”.
¿Nuevo código Disciplinario vulnera los derechos a participar en política?
Existe una demanda que está siendo estudiada por la Corte Constitucional interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, los congresistas Ángela María Robledo y Alexánder López y los ciudadanos Néstor Castro y Miguel Buitrago.
Los denunciantes pidieron ante la Corte Constitucional la modificación de los 14 artículos de la Ley 2094 de 2021, que designó algunas reformas en la Procuraduría General de la Nación, que para ellos vulnera el derecho fundamental a la participación política.
Según comunicado emitido, tuvieron presentes tres argumentos para sustentar la demanda:
- Los artículos contemplados en la ley que infringe el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por ende, el bloque de constitucionalidad.
- La vulneración del principio de separación de poderes y el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la reforma busca investir a la Procuradora y sus delegadas con la función de juez, desnaturalizando y confundiendo las labores asignadas diferenciadamente por la Constitución a organismos de control y autoridades judiciales.
- El desconocimiento que el juez natural y competente para limitar el derecho a ser elegido es un juez penal.
Pronunciamiento de la Procuraduría
Hasta el momento el alto tribunal no ha emitido un fallo que derogue la ley sancionada por el presidente Iván Duque el pasado 29 de marzo de 2021, por lo que la procuradora Margarita Cabello indicó que seguirá ejerciendo sus funciones hasta que la Corte se pronuncie.
“Mientras esas normas estén vigentes en un Código Disciplinario, la Procuraduría General tiene que hacerlas cumplir y lo hará de manera objetiva, equitativa y eficiente porque el nuevo código es garantista bajo las garantías del debido proceso y el respeto a la defensa”, expresó Cabello.
Cabe recordar que una situación similar ocurrió con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien fue destituido e inhabilitado por el procurador Alejandro Ordóñez y que por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue restituido, ya que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas.
