Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho fundamental a la salud son más críticas, expuso la entidad.
En la audiencia pública de presentación del informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en Colombia.
Este agravamiento está marcado por un incremento sostenido de barreras en el acceso y la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin distinción de tipo de afiliación y con un impacto más severo en poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.
Advierte la servidora que los efectos de esta crisis son múltiples y severos. A partir de las encuestas realizadas (3.449), se hizo un ejercicio para determinar el impacto económico de la falta de entrega oportuna de medicamentos, principalmente se identificaron seis (Metformina, Valsartán e Insulina Glargina), que incluye aquellos utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).
Al determinar el costo del tratamiento mensual y estimando unos ingresos promedios de acuerdo con los reportes contenidos en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7 % y un 90 % de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna.
La Defensoría del Pueblo, con corte a septiembre del 2025, además, tiene un reporte de 584 medicamentos diferentes no entregados. El seguimiento a 1.798 de estos casos indica que el 48 % de ellos no ha sido resuelto. Ante la no entrega, el 61 % de los encuestados manifestó que compraría el medicamento de manera particular, lo cual representa un impacto económico crítico, que se agrava en los territorios rurales, rurales dispersos y pueblos étnicos.
Los tres medicamentos que fueron reportados como no entregados con mayor frecuencia fueron Metformina, seguido de Valsartán y Losartán. En el grupo de los diez primeros medicamentos, se acumula el 25 % de los reportes de no entregas.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística de medicamentos, privilegian el interés del canal comercial sobre el canal institucional”, manifestó desde Barranquilla la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe.
Panorama de tutelas
Si bien el informe presenta un panorama detallado del 2025, la Defensora del Pueblo dio a conocer las cifras sobre las tutelas presentadas en los últimos cinco años y ocho meses. Son 1.003.147 las acciones jurídicas radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85 % de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud. El 24 % de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14 %), Caldas (12 %) y Antioquia (8 %).
Indicadores que sustentan el diagnóstico
Durante la audiencia, la Defensora enfatizó en que “esta problemática, la cual combina factores financieros, administrativos y logísticos, refleja una situación de mayor criticidad y regresividad en el funcionamiento y sostenibilidad del sistema”.
La Superintendencia Nacional de Salud registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.
La Defensoría del Pueblo recibió 107.000 quejas entre 2022 y 2025. Para 2024 recibió 35.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud, un aumento del 32% frente al 2023. Solo entre enero y agosto del 2025, han sido radicadas cerca de 28.000 quejas relacionadas con problemas en la prestación de los servicios de salud.
El informe, construido a partir de información oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y de datos primarios recolectados mediante la Estrategia de Respuesta Inmediata y los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en 19 departamentos, evidencia un deterioro progresivo en la garantía de este derecho fundamental.
Hallazgos principales
La afectación generalizada en el acceso a medicamentos se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales, que fueron explicados de la siguiente manera por la Defensora del Pueblo:
- Falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañada de falencias en la rendición de cuentas.
- Retrasos y atascos en los pagos que afectan la disponibilidad de medicamentos y servicios.
- Distorsión de la cadena logística, que desplaza la atención hacia el canal comercial privado mientras el institucional asume los medicamentos de alto costo.
- Barreras administrativas y cambios en gestores farmacéuticos con capacidades insuficientes para atender las demandas territoriales, que interrumpen tratamientos, particularmente en territorios de difícil acceso.
Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia son los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más críticas. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
“Se reconoce una causa estructural, consistente en la alta inequidad social y económica. Mientras la inequidad persista será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud. A pesar de los avances en los indicadores de salud pública de los últimos 30 años en el sistema de salud colombiano, existe una clara inequidad en el acceso a la atención en salud, particularmente para la población rural y la de la periferia del país y de las grandes ciudades, derivada de barreras geográficas, sociales, culturales y económicas”, afirmó la defensora del Pueblo.
