El Consejo Superior de la universidad ya aprobó la radicación de la iniciativa legislativa para cambiar su naturaleza jurídica.
El Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma), en sesión realizada el pasado 9 de septiembre, aprobó la radicación de una iniciativa legislativa autónoma correspondiente al proyecto de ley para el cambio de naturaleza jurídica de la institución para su transformación y oficialización como universidad pública de orden nacional.
Para el efecto, el Consejo Superior autorizó al rector y representante legal, Jorge Senior Martínez, para adelantar las gestiones respectivas en el Senado de la República en el curso de los próximos días. Esto incluye, adicionalmente, gestionar mensaje de urgencia por parte del Ministerio del Interior.
“La aprobación se logró por votación, con siete votos a favor y una abstención. No hubo votos en contra. En la sustentación se tuvieron en cuenta las múltiples actividades de pedagogía y participación para analizar y discutir la propuesta general en el seno de los diferentes estamentos universitarios, incluyendo sus organizaciones. El Consejo Superior tiene nueve miembros, tres de los cuales son elegidos democráticamente por los estamentos: profesores, estudiantes y egresados”, detalló Uniautónoma en un comunicado.
En la reunión estuvo presente la inspectora in situ que representa al Ministerio de Educación Nacional, en calidad de observadora, garantizando la transparencia. Esto no implica aprobación alguna por parte de la cartera, pues la universidad deberá presentar en las próximas semanas un estudio socioeconómico de factibilidad. En su momento, eventualmente, el ministerio evaluará y emitirá concepto técnico al respecto, una vez surtidos los trámites correspondientes.
También hubo una participación virtual en la sesión por parte de la senadora Laura Fortich, en calidad de invitada. La congresista presentó un saludo y manifestó su disposición para radicar el proyecto en coautoría con parlamentarios de diferentes bancadas de todo el espectro político. La iniciativa legislativa deberá ser suprapartidista y tiene un objetivo social.
La Universidad Autónoma del Caribe aclaró en su comunicado que esta gestión no afecta el calendario académico, ni ahora ni en el futuro, ni afecta los derechos adquiridos de estudiantes y trabajadores, la normalidad académica continúa a cabalidad.
En el contexto del debate en el Congreso de la República, el representante legal de la institución y la propia comunidad universitaria deberán ser partícipes de la discusión y el análisis de diversas maneras. Una condición sine qua non para la implementación de la eventual ley es la anuencia formal y explícita del Consejo Superior.
“Tal decisión la tomará el Consejo Superior después de expedida la ley y sin ella, no hay implementación. Agradecemos a toda la comunidad universitaria su apoyo y confianza en este proceso que busca fortalecer nuestra institución y asegurar su crecimiento y consolidación en beneficio de todos”, puntualizó la institución.
