“No quieren competir por el voto sino por la trampa”, advirtió el presidente en clara referencia hacia la oposición.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra el fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, al que calificó como un “golpe político contra la democracia premeditado”, en medio de una creciente controversia sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que han limitado la inscripción de candidatos del Pacto Histórico.
Las declaraciones del mandatario surgieron luego de que el Tribunal ratificara las restricciones impuestas por el CNE que impiden la integración jurídica del Pacto Histórico, lo cual ha sido interpretado por sectores del oficialismo como un intento por debilitar fuerzas alternativas de cara a los próximos comicios.
“No quieren competir por el voto, sino por la trampa”, expresó el presidente Petro a través de sus redes sociales, cuestionando la legitimidad del proceso judicial y electoral que, a su juicio, vulnera derechos políticos fundamentales.
Petro hizo énfasis en que la Constitución colombiana reconoce como derecho fundamental la posibilidad de formar partidos políticos y participar en elecciones. “Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución colombiana sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos”, advirtió.
Para el jefe de Estado, las restricciones impuestas por el CNE y ahora avaladas por el Tribunal constituyen medidas “anticonvencionales” que violan compromisos internacionales en materia de derechos políticos y democráticos.
Las declaraciones del primer mandatario se dan luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara improcedente la tutela presentada por la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con el fallo, el tribunal niega el amparo de los derechos fundamentales a la participación política e igualdad invocados por los solicitantes, es decir, se entiende que ninguno de los precandidatos presidenciales (Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda) podrá participar de la consulta interna.
La decisión deja sin piso jurídico la consulta interna, pues la medida cautelar era un salvavidas porque permitía mantener la elección sin necesidad de las personerías jurídicas, hasta que se fallara de fondo.
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