El reporte de la compañía precisa que el sector comercial es donde se registra la mayor defraudación del servicio.
En medio de sus estrategias para combatir el fraude y las irregularidades en el suministro de agua en Barranquilla y los 14 municipios del Atlántico donde opera, Triple A ha reportado que en lo corrido de 2023 el delito de defraudación de fluidos ha llegado a cifras exhorbitantes.
Indicó la empresa que a la fecha se ha logrado la captura de 9 personas sorprendidas en flagrancia manipulando ilegalmente las redes de suministro, quienes actualmente enfrentan cargos por este delito; adicionando que con la implementación de un estricto seguimiento han podido evidenciar un preocupante número de conexiones ilegales, especialmente en el sector comercial.
“De acuerdo con la investigación realizada por Triple A, los consumos de este sector están considerablemente por debajo de los niveles reales. En los meses de septiembre y octubre, la empresa identificó irregularidades en 22 establecimientos comerciales, incluyendo dos hoteles, tres moteles, tres restaurantes, cuatro centros recreacionales, tres lubricentros, un billar, dos industrias, un autoservicio, un centro comercial en el Paseo Bolívar de Barranquilla y dos haciendas multipropósitos”, señaló la compañía.
De acuerdo con el informe, el agua defraudada en estos 22 establecimientos comerciales asciende a más de 62.038 m3 en lo que va del año, cifra que corresponde a 302.739 m3 de agua, lo que equivale a llenar 89 piscinas olímpicas.
“En colaboración con la Policía Nacional, Triple A ha logrado la captura de 9 personas sorprendidas en flagrancia manipulando ilegalmente las redes de suministro, quienes actualmente enfrentan cargos por el delito de defraudación de fluidos. El Código Penal colombiano, en su artículo 256 de la Ley 599 del 2000, establece penas de prisión de 16 a 72 meses y multas de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquellos que se apropien de servicios públicos de manera ilegal”, sostuvo Triple A.
Finalmente, las directivas de la compañía prestadora del servicio público invitaron a la comunidad a no incurrir en este tipo de prácticas ilícitas, las cuales muchas veces llevan al comparecimiento de procesos judiciales y penales.
“Queremos que la comunidad evite realizar fraudes, pues en caso de ser identificada una irregularidad y ser comprobada por nuestro equipo, el propietario del inmueble deberá afrontar, no solo el pago de la obligación, sino también problemas con la justicia, pues es un robo de un recurso público”, indicó Triple A, añadiendo que en algunos casos se ha llegado a conciliaciones.
